Vaca Muerta y el GNL en debate: voces a favor y en contra del proyecto del Buque MK II en San Antonio Este

En el Gimnasio Municipal de San Antonio Este se llevó a cabo la audiencia pública por el proyecto Buque MK II, la segunda unidad de licuefacción de gas natural licuado (GNL) que el consorcio Southern Energy prevé instalar en el Golfo San Matías. La convocatoria, organizada por el Gobierno de Río Negro junto a la Secretaría de Energía y Ambiente, reunió a 33 expositores institucionales y más de 200 oradores inscriptos.

El encuentro comenzó con la bienvenida de la secretaria de Energía de la provincia, Andrea Confini, y la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, acompañadas por el intendente local, Adrián Casadei. Posteriormente, representantes de Southern Energy y de la consultora ambiental Serman & Asociados presentaron los aspectos técnicos y ambientales del proyecto.

Confini afirmó que la iniciativa forma parte de la estrategia provincial de convertir a Río Negro en un hub exportador y socio estratégico de los productores de Vaca Muerta. A su vez, cuestionó la falta de obra pública nacional y destacó que la provincia impulsa su propia infraestructura para sostener la exportación de gas.

Por su parte, Jiménez subrayó que el Golfo San Matías es fuente de biodiversidad y turismo, y convocó a un debate con escucha activa y respeto hacia todas las posturas. Remarcó que la audiencia constituye una instancia administrativa necesaria para la toma de decisiones.

El consorcio Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y la noruega Golar, detalló que el proyecto se desarrollará en dos fases. La primera incluye el buque Hilli Episeyo, ya tratado en audiencias previas, mientras que la segunda contempla la llegada del MK II en 2028, con una capacidad de 3,5 millones de toneladas anuales.

Según la consultora ambiental, el impacto visual del buque sería bajo, ya que se ubicaría a 40 km de Las Grutas y 42 km de San Antonio Oeste. Además, señalaron que contará con un sistema de amarre y un gasoducto nuevo para el transporte del recurso.

Tras la exposición técnica, se abrió el espacio a las intervenciones. La secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades, Daiana Neri, expresó su apoyo al proyecto al destacar la capacidad científica del país para desarrollarlo bajo estándares internacionales de calidad.

El economista Roberto Kozulj, investigador de la Universidad Nacional de Río Negro, advirtió sobre la necesidad de gestionar los cambios sociales y laborales que traerá el desarrollo de una industria de estas características. Afirmó que el Estado debe asumir un rol activo en la transición entre las etapas de construcción y operación.

En representación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Gonzalo César Vergez planteó críticas al estudio de impacto ambiental, señalando la falta de un análisis profundo sobre los efectos climáticos y las emisiones de metano vinculadas al proyecto.

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Cristian Fernández citó un informe del Instituto de Conservación de Ballenas que advierte sobre el riesgo de colisiones con la ballena franca austral y los efectos potenciales sobre la biodiversidad marina, incluyendo la proliferación de algas nocivas.

También se expresaron referentes empresariales y gremiales. Participaron representantes de la Cámara Argentina de la Energía (CADE), la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) y de Terminales Marítimas Patagónicas (Termap), además de exfuncionarios de la región vinculados al área de hidrocarburos.

La defensora del Pueblo, Adriana Santagati, sostuvo que su rol no es frenar el progreso sino garantizar que se concrete con equilibrio y resguardo de la salud y el ambiente. Advirtió que el mar está adquiriendo un papel central en la economía regional, lo que implica nuevas responsabilidades frente a las generaciones futuras.

La audiencia continuará en los próximos días con la intervención de más de 200 ciudadanos inscriptos. El debate refleja la tensión entre la oportunidad de desarrollo económico y energético y la necesidad de resguardar el patrimonio ambiental y social de la región.

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