El dato fue confirmado por Sebastián Maril, de Latam Advisors, a través de la red X. Allí destacó la importancia del acompañamiento diplomático conseguido para reforzar la posición argentina en la Corte de Apelaciones. El especialista subrayó que el resultado de esta instancia recién se conocerá durante el primer trimestre de 2025.
El eje del litigio es el turnover o transferencia de acciones, un capítulo dentro de la extensa causa que lleva adelante Burford Capital, el fondo inglés que adquirió los derechos de litigio y que busca ejecutar la sentencia para cobrar la indemnización dictada en Estados Unidos.
En 2023, Preska condenó al Estado argentino a pagar US$ 16.000 millones, cifra que con los intereses escaló a más de US$ 18.000 millones. El monto representa uno de los mayores fallos en contra de la Argentina en materia de arbitrajes internacionales.
Burford Capital es el principal beneficiario de la demanda, luego de comprar los derechos de litigio iniciados tras la estatización parcial de YPF en 2012. Desde entonces, el juicio se convirtió en una de las principales controversias legales que enfrenta el país en el exterior.
La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) presentó en la apelación diversos argumentos para defender la titularidad argentina sobre las acciones. Entre ellos, la supuesta violación de la inmunidad soberana, ya que la Ley de Inmunidades Soberanas de Estados Unidos (FSIA) se aplica únicamente a bienes dentro de ese territorio y no alcanza a las acciones de YPF, que están radicadas en Argentina.
Otro de los puntos señalados fue la interpretación errónea de la legislación de Nueva York, donde se argumenta que la norma de turnover no fue concebida para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio, lo que en este caso implicaría un antecedente inédito.
El respaldo de estos países refuerza la estrategia argentina de sostener que la entrega de las acciones no corresponde y que la ejecución del fallo excedería las normas vigentes en materia de inmunidad soberana.
La causa, que mantiene en vilo al gobierno y a los acreedores, representa un fuerte condicionante económico para el país, que intenta evitar la pérdida de control sobre su principal empresa energética.
La posición de Argentina se sostiene en que las acciones de YPF constituyen un activo estratégico que no puede ser alcanzado por una sentencia extranjera. Para los especialistas, la decisión de la Corte de Apelaciones marcará un hito en la jurisprudencia sobre la inmunidad de los Estados.
Con el respaldo diplomático de ocho países, Argentina busca fortalecer su posición frente a los tribunales estadounidenses. El desenlace será determinante no solo para el futuro de YPF, sino también para la definición del alcance de la inmunidad soberana en el derecho internacional.