La gestión del presidente Javier Milei trajo consigo una serie de medidas regulatorias ambiciosas, como la Ley de Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Estas normativas buscan atraer inversión privada y fomentar la producción y exportación de hidrocarburos, aunque su aplicación efectiva aún enfrenta obstáculos.
Un avance destacado fue la Reversión del Gasoducto Norte, un proyecto previamente descartado pero que finalmente se concretó. Sin embargo, la cuestión tarifaria mostró retrocesos, con ajustes iniciales en las tarifas de gas y electricidad que luego fueron suspendidos. Aún persisten los subsidios energéticos, cuya eliminación ha sido postergada hasta junio de 2025.
El sector privado vivió un año mixto. La salida de Petronas del proyecto de GNL de YPF representó un golpe significativo, atribuido a factores macroeconómicos argentinos y a una estrategia de menor exposición al riesgo por parte de la compañía malaya. Pese a ello, otros proyectos, como el buque licuefactor de PAE y Golar y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, mantienen activo el panorama energético.
La formación técnica en Vaca Muerta y un plan de viviendas para trabajadores del sector reflejan esfuerzos para potenciar el capital humano local. Además, se avanzó en la capacidad de evacuación de crudo, destacándose la presentación de YPF del oleoducto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) como VPU dentro del RIGI.
En términos regulatorios ambientales, el proyecto de ley sobre emisiones de metano busca establecer un marco para gestionar este gas en actividades hidrocarburíferas. Sin embargo, enfrenta retrasos en su tratamiento parlamentario y dudas sobre su implementación efectiva.
Buenos Aires, por su parte, introdujo el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE), que ofrece beneficios fiscales de hasta 30 años. Aunque no adhirió al RIGI nacional, su compatibilidad con este último lo convierte en una herramienta atractiva para nuevas inversiones.
Los cambios en la cúpula del sector energético también marcaron el año, con el reemplazo de funcionarios clave y la creación de nuevos cargos. Estas modificaciones buscan alinear los objetivos sectoriales con la macroeconomía nacional, aunque su impacto aún está por verse.
La promoción de energías renovables y una agenda climática sólida siguen siendo asignaturas pendientes. A pesar de las normativas avanzadas, la falta de implementación concreta limita el alcance de las reformas en curso.
El informe concluye que, aunque 2024 no logró grandes hitos, el rumbo del sector está claro. La prioridad sigue siendo la producción en Vaca Muerta y la mejora de la infraestructura de ductos. De cara a 2025, el desafío será transformar las reformas en beneficios tangibles tanto para la industria como para los consumidores.
El sector energético argentino enfrenta una oportunidad histórica de consolidarse como motor de desarrollo económico. Para ello, será crucial una mayor gestión que permita materializar los cambios y aprovechar al máximo el potencial de los recursos energéticos del país.
martes 07 de enero | 2025
Balance energético 2024: entre avances normativos y desafíos pendientes
El año 2024 marcó un periodo de cambios significativos para el sector energético argentino, caracterizado por reformas regulatorias, fluctuaciones en las tarifas y un enfoque en la expansión de la infraestructura vinculada a Vaca Muerta. Según el informe de la consultora Paspartú, liderada por Juan José Carbajales, los avances legislativos sentaron bases importantes, pero su implementación práctica sigue siendo un desafío.