La decisión responde a la política del gobierno de Javier Milei de reducir el déficit fiscal a través de la privatización de empresas estatales. YCRT es una de las nueve entidades incluidas en la Ley Bases como susceptibles de ser privatizadas o concesionadas. La transformación fue diseñada por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
El decreto establece que el 95% de la participación accionaria quedará en manos de la Secretaría de Energía y el 5% bajo la Secretaría de Minería, ambas dependientes del Ministerio de Economía. De esta forma, el manejo de la empresa recae en la cartera dirigida por Luis Caputo, responsable de definir el futuro de la compañía.
En cuanto a la situación laboral, el decreto dispone que los trabajadores de YCRT pasarán a regirse por el Derecho Privado, lo que implica su incorporación plena al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta medida podría generar conflictos con los sindicatos y trabajadores, quienes han manifestado preocupación por su estabilidad laboral.
La provincia de Santa Cruz, donde opera la minera, ha mostrado inquietud ante la decisión del Gobierno nacional. Antes de la publicación del decreto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comunicó la medida al gobernador Claudio Vidal para evitar conflictos políticos. Sin embargo, persisten las tensiones sobre el futuro de la empresa y su impacto en la economía regional.
Por ahora, no se ha determinado la fecha exacta para la venta de YCRT. Se sabe que existen al menos tres grupos interesados en adquirirla, pero antes de concretar la operación, el Gobierno buscará sanear sus cuentas y optimizar su estructura. Para ello, se presentán balances contables, se actualizarán los reglamentos internos y se reducirá el gasto innecesario.
El decreto otorga un plazo de 60 días, prorrogable por 30 días más, para que la recién creada Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima elabore y eleve a la Secretaría de Hacienda un presupuesto ajustado a los recursos disponibles. También se requiere la presentación de un plan de inversiones para asegurar el funcionamiento de la compañía en condiciones óptimas.
Históricamente, YCRT ha enfrentado problemas estructurales, económicos y políticos. La mina de carbón y sus dos centrales eléctricas han operado de manera intermitente por falta de inversión, sobrepoblación de personal y deficiencias administrativas. Durante la gestión de Aníbal Fernández, la empresa atravesó dificultades financieras que se han mantenido hasta la actualidad.
Recientemente, el Gobierno nacional destituyó a Thierry Decoud, interventor de YCRT vinculado a Mauricio Macri, tras denuncias de corrupción. En su lugar, fue designado Pablo Sebastián Gordillo Arraigada, ligado al gobernador Claudio Vidal. Esta decisión sugiere un intento de la provincia por mantener influencia en el proceso de transformación de la empresa.
Uno de los principales desafíos de YCRT es su elevada plantilla de trabajadores. Durante la gestión de Daniel Peralta, se firmaron acuerdos gremiales que derivaron en una sobrecarga laboral. Pese a ello, la mina sigue siendo una fuente crucial de empleo para las comunidades cercanas, lo que podría dificultar eventuales recortes de personal.
En el mercado internacional, el carbón de YCRT es demandado por países como China, que requiere grandes volúmenes para su industria. No obstante, la producción actual de la mina no alcanza los niveles requeridos. Mientras China exige un mínimo de 30.000 toneladas, YCRT apenas podría producir 20.000 en el mejor de los casos.
Además, la ubicación geográfica de la mina supone un obstáculo para la exportación. El carbón debe ser trasladado más de 300 kilómetros hasta el puerto, lo que encarece el proceso y reduce su competitividad en el mercado global.
Algunos especialistas han sugerido que el Gobierno implemente subsidios para mejorar la infraestructura y aumentar la producción. Sin embargo, la administración de Milei ha rechazado esta alternativa, argumentando que su objetivo es reducir el déficit y no generar mayores costos para el Estado.
El futuro de YCRT dependerá de cómo avance el proceso de privatización y de la capacidad del Gobierno para sanear sus cuentas antes de concretar la venta. Mientras tanto, las tensiones políticas y económicas continúan en torno a una de las empresas más emblemáticas de Santa Cruz.