La Ley 25.565 de Presupuesto Nacional de 2002 había establecido inicialmente el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, destinado a los usuarios de las provincias de la Patagonia, La Pampa, la ciudad de Carmen de Patagones en Buenos Aires, y el Departamento de Malargüe en Mendoza. Este esquema ofrecía descuentos del 30% al 50% en las tarifas de gas para aproximadamente 800.000 usuarios. Sin embargo, en 2021, la Ley 27.637 impulsada por el diputado Máximo Kirchner amplió este beneficio a localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca y a unos 50 municipios de la provincia de Buenos Aires, incrementando así el número de beneficiarios a 4,3 millones de hogares.
El proyecto de ley Bases, aprobado por el Senado, permite al Poder Ejecutivo modificar o eliminar fondos fiduciarios, pero ha exceptuado el fondo del Régimen de Zona Fría establecido por la Ley 25.565. No obstante, la ampliación del beneficio establecida en la Ley 27.637 fue incluida en el dictamen final, asegurando así que las regiones añadidas en 2021 continúen recibiendo el subsidio.
Este subsidio no depende de aportes directos del Tesoro Nacional, sino que se financia con un recargo del 5,44% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los cuatro componentes de la factura de gas. Este mecanismo de financiación garantiza que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas pueda seguir ofreciendo descuentos sustanciales a los residentes de las zonas frías, mitigando el impacto del costo del gas en estas áreas.
La decisión del Senado de mantener y ampliar el subsidio refleja la presión de los legisladores para sostener el apoyo a estas provincias dentro del esquema, subrayando la importancia de este beneficio en regiones que enfrentan condiciones climáticas adversas.
Además del debate en el Senado, el tema ha generado reacciones diversas en el ámbito político y social. Pablo Moyano, un influyente dirigente de la CGT, ha convocado a un plenario de la confederación para organizar una marcha en contra de la ley Bases. Esta manifestación busca presionar al gobierno y al Senado para que consideren las implicaciones de modificar o eliminar fondos fiduciarios, incluso con las excepciones actuales. La CGT sostiene que los cambios propuestos podrían afectar negativamente a millones de trabajadores y hogares en las zonas frías.
La reincorporación del subsidio también ha puesto en relieve la cuestión de cómo se distribuyen los costos del gas a nivel nacional. Algunos sectores argumentan que el recargo del 5,44% sobre el precio del gas representa una carga injusta para los usuarios en áreas con climas más benignos, quienes no se benefician directamente del subsidio. No obstante, los defensores del esquema subrayan la solidaridad necesaria para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica, tengan acceso a servicios básicos a un costo asequible.
El gobierno, por su parte, ha estimado que el debate en el Senado sobre la ley Bases se realizará en una fecha próxima, aunque aún no ha sido confirmada. La administración está trabajando para asegurar que el proyecto de ley refleje un equilibrio entre las necesidades de financiación y las demandas de las zonas frías, al tiempo que se mantiene un enfoque inclusivo para todos los sectores afectados. Este equilibrio es crucial para avanzar en políticas energéticas sostenibles y equitativas que respondan a las diversas realidades del país.
El senado reincorpora el subsidio al gas para 4,3 millones de usuarios en zonas frías
El Senado ha aprobado el dictamen definitivo de la ley Bases, manteniendo el subsidio al gas para las denominadas "zonas frías" y ampliando el alcance del beneficio a 4,3 millones de usuarios. Este subsidio, financiado a través de un recargo del 5,44% sobre el precio del gas que pagan todos los hogares, comercios e industrias, representa un esfuerzo significativo para aliviar el costo del gas en regiones con climas más severos.