El Gobierno nacional impulsa una profunda reforma del régimen de cabotaje con el objetivo de reducir los costos logísticos que hoy afectan la competitividad de sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería del litio y el cobre, además de la agroindustria. La iniciativa busca ampliar la oferta de transporte por agua mediante una mayor apertura del mercado, aunque especialistas sostienen que el desafío excede el cambio de la normativa vigente.
La propuesta, promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contempla la derogación del Decreto-Ley N.º 19.492 de 1944. El Gobierno sostiene que operar un buque con bandera argentina cuesta hasta cuatro veces más que en países vecinos, una situación que limita el desarrollo de la marina mercante y encarece el transporte de cargas.
La reforma permitiría que embarcaciones de bandera extranjera puedan operar rutas nacionales cuando no exista oferta suficiente de buques argentinos. Además, habilitaría a las empresas locales a utilizar banderas de conveniencia durante un plazo de hasta diez años para reducir sus costos operativos.
La medida cobra especial importancia para actividades de gran demanda logística como Vaca Muerta, donde el abastecimiento permanente de arena, insumos y equipos representa uno de los principales costos operativos de la industria. También resulta estratégica para la minería, que requiere sistemas de transporte más eficientes para movilizar grandes volúmenes de producción hacia los puertos de exportación.
No obstante, informes técnicos elaborados por organismos del propio Estado sostienen que la apertura del cabotaje, por sí sola, no resolverá los problemas estructurales del transporte por agua. Uno de los principales obstáculos sigue siendo el régimen aduanero conocido como "removido", que obliga a realizar trámites similares a los de una exportación internacional incluso cuando la mercadería circula dentro del territorio argentino.
Ese esquema implica la intervención de agentes aduaneros, controles, utilización de sistemas informáticos específicos y costos adicionales que, según los especialistas, terminan restándole competitividad al transporte fluvial frente al camión.
A ello se suman otros factores que incrementan los costos, como los servicios de practicaje, remolque, tarifas portuarias y estiba, además del mayor tiempo de tránsito respecto del transporte terrestre. En un contexto de alta inflación, mantener mercadería inmovilizada hasta completar la carga de un buque también representa un costo financiero importante para las empresas.
Desde la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) advirtieron que la apertura del mercado sin una equiparación de las condiciones laborales, tributarias y previsionales podría favorecer el ingreso de flota extranjera sin solucionar los problemas estructurales que afectan al sistema logístico nacional.
Mientras países como Estados Unidos mantienen una fuerte protección de su cabotaje mediante la Jones Act, otras economías avanzaron hacia esquemas de mayor apertura con regulaciones específicas. Brasil, Chile y Perú aplican distintos modelos para ampliar la competencia, aunque preservando determinados mecanismos de protección para sus mercados internos.
Para el Gobierno, la reforma representa una herramienta para recuperar competitividad y reducir los costos logísticos que hoy limitan el desarrollo de actividades clave como la energía y la minería. Sin embargo, los especialistas coinciden en que el verdadero impacto dependerá también de una modernización del régimen aduanero y de una reducción de los costos operativos en puertos e infraestructura, condiciones consideradas indispensables para que el transporte por agua pueda transformarse en una alternativa eficiente para abastecer a Vaca Muerta y acompañar el crecimiento del sector minero argentino.