La Cámara de Generadores y la Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA) impulsa la incorporación de un artículo específico en el Presupuesto 2026 que garantice, al menos por doce meses, la estabilidad tributaria vigente para los proyectos renovables.
La propuesta apunta a cubrir el vacío que dejaría el vencimiento del régimen de fomento a las energías renovables, una normativa que en la última década permitió movilizar más de US$ 8.000 millones en inversiones y consolidar un nuevo segmento productivo dentro de la matriz energética argentina.
“Trabajamos muy fuerte durante 2025 para lograr la prórroga de la Ley 27.191, que es una política de Estado transversal a distintos gobiernos, pero lamentablemente no se alcanzó ese objetivo”, reconoció Martín Brandi, presidente de la CEA y CEO de PCR Energy, durante el encuentro de fin de año de la entidad.
Ante ese escenario, el sector redefinió prioridades. La estrategia inmediata ya no es una extensión de largo plazo del régimen, sino asegurar una garantía fiscal transitoria que evite cambios abruptos en las reglas de juego mientras se retoma el debate legislativo en 2026.
El proyecto de prórroga por 20 años había logrado dictamen favorable en comisión, pero nunca llegó al recinto, lo que dejó al sector sin la herramienta jurídica necesaria para brindar certidumbre a nuevos proyectos y financiamientos.
Desde la CEA aclararon que el reclamo no apunta a nuevos beneficios ni a una ampliación de las metas de participación renovable —actualmente fijadas en el 20%—, sino exclusivamente a preservar la estructura tributaria existente.
“El sector ya no pide beneficios fiscales, pide estabilidad fiscal y jurídica, totalmente alineada con los objetivos del Gobierno nacional”, enfatizó Brandi, en un mensaje dirigido tanto al Ejecutivo como al Congreso.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, coincidió en que la previsibilidad regulatoria es un factor clave para sostener las inversiones y reconoció el rol del sector privado en el proceso de ordenamiento normativo que atraviesa el sistema energético.
“Lo fundamental para el crecimiento renovable fue y es la estabilidad legal y regulatoria. Sería muy importante contar con una perspectiva de estabilidad fiscal por los próximos años, con reglas claras y previsibles”, sostuvo la funcionaria ante empresarios del sector.
En el ámbito privado advierten que, sin una cláusula de resguardo en el Presupuesto 2026, muchos proyectos podrían quedar en pausa o enfrentar mayores costos financieros, justo en un contexto en el que el país busca atraer capital productivo de largo plazo.
La estabilidad fiscal por doce meses es vista como un puente institucional hacia una nueva ley de renovables, que el sector espera volver a discutir en 2026 bajo un escenario político más ordenado y con mayor coordinación entre el Ejecutivo y el Parlamento.
Desde la Cámara remarcan que el desarrollo renovable no solo impacta en la transición energética, sino también en empleo, infraestructura y competitividad exportadora, especialmente para industrias que demandan energía limpia.
Con la mirada puesta en el Presupuesto 2026, el sector renovable apuesta ahora a una solución pragmática: asegurar previsibilidad en el corto plazo para no interrumpir una curva de inversión que llevó a las energías limpias a representar cerca del 17% de la generación eléctrica nacional.
“Confiamos en que durante 2026 el Congreso pueda avanzar en una solución de fondo”, concluyeron desde la CEA, mientras se abre una nueva pulseada legislativa para sostener uno de los pilares del desarrollo energético argentino.