La iniciativa tiene como objetivo principal reducir los tiempos administrativos en la implementación de programas como RenovAr y de Generación Distribuida. La Subsecretaría, encabezada por Damián Sanfilippo, será ahora responsable de emitir certificados, aplicar penalidades, aprobar cambios técnicos y contractuales, y dictar normativas complementarias para esos esquemas.
Entre las atribuciones delegadas se incluye la emisión de Certificados de Inclusión al régimen de fomento para energías renovables, destinados a los adjudicatarios del RenovAr y a otros proyectos que cumplan con los criterios establecidos. También podrá aprobar ampliaciones de plazos de ejecución, aplicar sanciones, decidir sobre la rescisión de contratos, y administrar el Registro Nacional de Proyectos de Energía Renovable (RENPER).
Otro de los puntos relevantes de la normativa es la posibilidad de definir los valores de referencia por tecnología, expresados en USD/MW, así como los topes máximos de beneficios fiscales por cada proyecto de generación. Esta medida busca aportar previsibilidad a los inversores y adaptarse a las condiciones de cada tecnología.
La Subsecretaría también podrá autorizar cambios de tecnología en los proyectos adjudicados bajo el RenovAr y la Resolución 202/2016 del ex Ministerio de Energía y Minería. Asimismo, tendrá la potestad de instruir a CAMMESA para realizar las adecuaciones contractuales correspondientes.
Además, se le otorgó la función de reglamentar y ejecutar los beneficios promocionales del Régimen de Generación Distribuida. Este esquema, previsto en la Ley 27.424, promueve el autoconsumo eléctrico a partir de fuentes renovables y la inyección de excedentes a la red pública.
La resolución justifica la medida en la necesidad de “lograr mayor celeridad y eficiencia” en el cumplimiento de las competencias asignadas por ley a la Secretaría de Energía, invocando el principio de especialidad de la función administrativa. Esta descentralización operativa permitiría acelerar el desarrollo de nuevos proyectos renovables en el país.
El programa RenovAr fue lanzado en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri y representó el primer plan federal de promoción de energías renovables en la Argentina. A través de licitaciones públicas, adjudicó proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes como la energía solar, eólica, biomasa y pequeñas hidroeléctricas.
La Resolución 202/2016, firmada por el entonces ministro Juan José Aranguren, estableció las reglas de juego para el otorgamiento de los beneficios fiscales y la certificación de los proyectos. Complementariamente, la Resolución 72/2016 definió los procedimientos para la gestión de estos instrumentos ante la Secretaría de Energía.
En la actualidad, el país cuenta con más de 200 proyectos adjudicados en distintas etapas de ejecución. Entre ellos se destaca el parque eólico que la empresa TotalEnergies instalará en Tierra del Fuego, que será el más austral del mundo.
Sin embargo, el proceso no ha estado exento de controversias. A fines de 2023, la Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un informe en el que señaló diversas irregularidades en el proceso licitatorio de los proyectos renovables. Entre los hallazgos se destacan la falta de competencia en algunas adjudicaciones, precios por encima del valor de referencia y fallas en la planificación de las obras.
Pese a estos antecedentes, el Gobierno nacional apuesta a fortalecer el marco de implementación de los proyectos, con una estrategia que descentraliza decisiones y otorga mayores atribuciones técnicas a los organismos especializados. Con esta medida, busca recuperar el ritmo de inversión en energías limpias y avanzar en el cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales.