El Gobierno nacional avanzó con una nueva reorganización de la normativa vinculada a la actividad minera y derogó nueve resoluciones relacionadas con programas, estructuras administrativas y mecanismos de transferencia de recursos. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Minería.
Las disposiciones eliminadas habían sido dictadas entre 2008 y 2022. Según los fundamentos de la medida, varias habían perdido vigencia u operatividad o ya no resultaban compatibles con los actuales lineamientos de la política minera nacional.
Entre las iniciativas alcanzadas aparecen programas relacionados con transferencias de recursos hacia provincias, municipios y otros organismos, además de herramientas destinadas a la planificación, coordinación y fortalecimiento de distintas áreas del sector.
La decisión incluye al Plan Nacional de Minería Social y a una adaptación de ese programa que había sido implementada durante la emergencia sanitaria.
También quedó sin efecto el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, creado en 2020, junto con la Mesa Técnica de Análisis que había sido constituida para abordar cuestiones relacionadas con las importaciones del sector.
Otra de las estructuras alcanzadas es la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas. De acuerdo con los argumentos incluidos en la Resolución 64/2026, algunas de las estructuras eliminadas habían dejado de tener operatividad, mientras que determinadas funciones podrán ser asumidas mediante nuevas instancias de coordinación.
La reorganización también comprende una resolución de 2022 vinculada con los plazos establecidos para la rendición de fondos correspondientes a proyectos del Plan Nacional de Minería Social, el Plan Nacional de Huellas Mineras y otros programas sociales.
Cambios en programas de monitoreo ambiental
La medida alcanza además al Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería, creado en octubre de 2022.
Ese programa había sido diseñado para promover la cooperación técnica y financiera con las provincias y fortalecer sus capacidades para realizar tareas de monitoreo ambiental vinculadas con la actividad minera.
Con la eliminación de la resolución que dio origen al proyecto, la Secretaría de Minería plantea que su implementación deberá ser reemplazada por otros mecanismos considerados más eficientes.
Uno de los puntos centrales de la decisión es que la derogación de las nueve resoluciones no deja sin efecto los derechos y obligaciones surgidos de convenios que ya se encuentren firmados.
Esto significa que aquellos proyectos que hayan recibido recursos deberán continuar con su ejecución y cumplir con las rendiciones de cuentas correspondientes.
Del mismo modo, cuando corresponda, seguirán adelante las acciones destinadas al recupero de fondos de acuerdo con las normas de administración financiera y los mecanismos aplicables a recursos presupuestarios transferidos a provincias, municipios y otros organismos.
Reordenamiento de la política minera
Desde el Gobierno nacional encuadraron la medida dentro de un proceso más amplio de simplificación y reordenamiento de la normativa minera.
El objetivo planteado es eliminar disposiciones consideradas obsoletas o correspondientes a programas que dejaron de responder a las actuales prioridades de gestión, para avanzar hacia una estructura regulatoria más simple.
De acuerdo con la información difundida, varios de los programas alcanzados por la decisión ya no funcionaban adecuadamente y tampoco estaban generando transferencias hacia las provincias.
La Resolución 64/2026 entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, por lo que la derogación de las nueve disposiciones ya forma parte del nuevo esquema normativo de la Secretaría de Minería.