Las centrales en cuestión —Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón–Arroyito y Cerros Colorados (Planicie Banderita)— aportan en conjunto el 10% de la potencia eléctrica instalada del país, y su traspaso al capital privado busca consolidar un modelo de competencia y eficiencia en la generación hidroeléctrica, según comunicó la Secretaría de Energía.
El Gobierno espera recaudar entre US$ 500 y US$ 700 millones por la venta del 100% del paquete accionario de las sociedades concesionarias. Actualmente, estas centrales generan ingresos superiores a US$ 50 millones anuales por la energía producida.
Entre los oferentes figuran los actuales operadores de las represas, que buscan renovar su permanencia, y nuevos jugadores con fuerte respaldo financiero. En el grupo de los conocidos destacan AES (Alicurá), Central Puerto (Piedra del Águila), Enel (El Chocón y Arroyito) y BML Inversora (Cerros Colorados), esta última controlada por MSU Green Energy del empresario Manuel Santos Uribelarrea, que adquirió en silencio la licencia a Aconcagua Energía para participar en la licitación.
A ellos se suman otros referentes del sector como Pampa Energía, de Marcelo y Damián Mindlin, y Central Costanera, ligada a los socios de Central Puerto —Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escasany—. También presentó oferta un consorcio entre Hidroeléctrica Futaleufú (de Aluar) y Genneia, que reúne a inversores como Jorge Brito, Delfín Carballo y David Martínez, junto con participación estatal de Chubut.
Pero las sorpresas llegaron por el lado de los nuevos participantes. Uno de ellos es Edison Inversiones, integrado por la familia Neuss, Rubén Cherñajovsky (Newsan), Luis Galli, y el fondo Inverlat, propietario de Havanna, cuyos socios son Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai. El grupo viene expandiendo su presencia en el sector eléctrico con la compra de distribuidoras en Tucumán y Jujuy.
Otra oferta inédita provino desde Guatemala, de la mano de IPS Renewal, encabezada por los empresarios Iker Echeverría Lucchese y Francisco Quiñónez Midence, interesados en ingresar al mercado energético argentino a través del esquema de concesión.
La apertura de sobres, realizada de forma virtual el 7 de noviembre a través de la plataforma ContratAr, marcó un hito para el sector. La prórroga del plazo original, concedida por el Ministerio de Economía tres días después de las elecciones legislativas, fue clave para atraer mayor cantidad de interesados. Según fuentes del sector, el triunfo electoral de La Libertad Avanza redujo las tasas y mejoró las condiciones de financiamiento, generando un clima más favorable para las inversiones.
“El objetivo es avanzar hacia un modelo energético basado en la competencia, la eficiencia y la inversión privada. El diseño de la licitación se elaboró en coordinación con los gobiernos de Neuquén y Río Negro”, informó la Secretaría de Energía, conducida por María del Carmen Tettamanti.
Como parte del acuerdo político, las provincias de Neuquén y Río Negro continuarán percibiendo un 6% de regalías sobre la energía generada y, por primera vez, un canon del 1% por el uso del agua, un recurso natural bajo su dominio.
Con la participación de los principales grupos económicos del país, la irrupción de capitales extranjeros y la mejora en las expectativas macroeconómicas, la licitación de las represas del Comahue se convirtió en el epicentro del nuevo mapa energético argentino, donde el agua vuelve a ser un activo estratégico y la competencia privada redefine el futuro del sector hidroeléctrico.