La medida fue difundida este lunes por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, y posteriormente confirmada a través del fallo completo de 33 páginas al que accedió Ámbito. El caso es impulsado por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa) y de Eton Park Capital Management, que reclamaron daños por supuestas irregularidades en la expropiación de YPF durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
El conflicto tiene origen en el artículo 7° del Estatuto de YPF, que obligaba a quien adquiriera más del 15% de la compañía a ofrecer idénticas condiciones de compra al resto de los accionistas. Burford argumentó que la Argentina violó ese punto, al negociar sólo con Repsol y no extender la oferta al resto de los socios minoritarios. Además, reclamó que la suspensión del pago de dividendos provocó el default de las empresas de los Eskenazi.
En septiembre de 2023, Preska ya había emitido una primera sentencia que condenó al país a abonar una indemnización multimillonaria. Ahora, la jueza avanzó un paso más y dispuso que el Estado transfiera el paquete accionario que había adquirido a la española Repsol, el cual actualmente permanece bajo control público.
La resolución llega en un contexto de alta tensión política. El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno apelará la medida y lanzó fuertes críticas contra el exministro de Economía Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la situación. Desde la Casa Rosada, no obstante, aclararon que aún no se tomaron definiciones sobre los pasos a seguir y se evalúan diferentes alternativas judiciales.
En este sentido, uno de los caminos posibles sería apelar el fallo ante la Corte Suprema de Estados Unidos o solicitar la suspensión de su ejecución mientras se tramita la revisión. Otra opción, la menos probable, sería abrir una negociación directa con Burford para pactar un esquema de pago o compensación.
La decisión de Preska también impactó en los mercados. Apenas se conoció la noticia, las acciones de YPF se desplomaron casi un 7% en Wall Street. El papel cotizaba u$s31,04 frente a los US$ 33,33 del cierre anterior. El mercado reaccionó con alarma ante el riesgo de un cambio en el control accionario de la principal empresa energética del país.
Las acciones Clase D que la jueza ordenó transferir representan el 51% del capital social y fueron emitidas tras la privatización de YPF en la década del noventa. El resto del capital se reparte entre acciones Clase C, correspondientes a un fondo de empleados, y Clase A y B, que pertenecen al Estado nacional y a las provincias productoras.
El Departamento de Justicia de EE.UU. había manifestado anteriormente su preocupación por este litigio, advirtiendo que el embargo de activos soberanos violaría las normas de inmunidad estatal. Además, temía que se creara un antecedente que permitiera a otros países aplicar medidas similares contra empresas estadounidenses en el exterior.
Más allá de la cuestión jurídica, detrás del juicio subyace el enorme atractivo económico de Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales que fue redescubierta un año antes de la nacionalización. La magnitud de esas reservas hace que los fondos demandantes consideren a YPF un botín estratégico.
Para que la transferencia de las acciones ordenada por Preska se concrete, sería necesario que el Congreso argentino apruebe una ley específica. Así lo estableció la normativa que dio marco a la estatización en 2012. En caso de que el Gobierno intente avanzar por decreto, ese acto debería ser convalidado por ambas cámaras.
Por ahora, todo indica que la Argentina se encamina a un prolongado litigio en los tribunales estadounidenses, mientras la presión de los fondos buitre se intensifica en busca de una resolución favorable que les permita hacerse con parte de la principal petrolera del país.