Alarma ambiental en Lomas de Olmedo: un derrame petrolero sin control desde hace dos años

El caso recuerda al antecedente del pozo Martínez de Tineo 14 (MdT-14), también en Pichanal, cuyas erupciones provocaron un desastre ambiental que tardó más de seis años en ser contenido. Las similitudes entre ambos casos exponen una preocupante reiteración de incumplimientos por parte de las empresas operadoras y una lenta respuesta de los organismos responsables de fiscalizar.

El pozo LO-x10 es operado actualmente por President Petroleum, una compañía que se encuentra en concurso preventivo de acreedores desde 2024. Esta situación financiera genera dudas sobre la capacidad real de la empresa para afrontar el sellado del pozo, una tarea costosa y técnicamente compleja que requiere equipamiento especializado y equipos técnicos que, en experiencias previas, debieron trasladarse desde el sur del país.

Los vecinos y productores rurales de la zona reclaman desde hace meses respuestas concretas. Aureliano Reyes, productor ganadero de la finca “El Estanque”, denunció por primera vez la situación en agosto de 2023. Desde entonces, asegura que ha perdido cerca de 300 vacunos, además de caballos, aves y otras especies silvestres, producto del contacto con agua y suelos contaminados.

Reyes relató que los primeros indicios del derrame fueron el intenso olor a gasolina y la aparición de una espuma blanca en las aguas superficiales. Con el paso de los días, la vegetación empezó a secarse y los animales que bebían de los arroyos comenzaron a morir. El productor también advirtió sobre el peligro que representa para las napas freáticas, fundamentales para el abastecimiento de agua de la región.

El derrame tomó mayor visibilidad luego de que vecinos difundieran en redes sociales imágenes impactantes de las erupciones. Esto motivó que el ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos, ordenara impedir el acceso a la zona afectada y exigiera a President Petroleum la contención inmediata de los derrames, con el fin de minimizar los riesgos para las personas y el medio ambiente.

De los Ríos aclaró que el pozo LO-x10 se encuentra en tierras fiscales de la Provincia y que el Gobierno viene intimando a la operadora desde 2023 para que cumpla con el abandono definitivo del pozo. Incluso la Secretaría de Minería y Energía emitió en noviembre de 2024 una resolución ordenando el cierre, pero la empresa presentó un recurso de revocatoria para postergar la medida.

La situación actual del LO-x10 recuerda los problemas legales y técnicos que enfrentaron otras operadoras del área en el pasado. YPF y Petrolera San José SRL, responsables del MdT-14, demoraron su cierre por más de tres años, hasta que en 2010 la Justicia Federal resolvió que la responsabilidad recaía sobre la empresa controlada por el grupo Repsol, que más tarde fue reestatizada.

La incapacidad de President Petroleum para solventar los costos del cierre pone en evidencia un problema estructural: la falta de garantías económicas previas por parte de las empresas concesionarias para afrontar pasivos ambientales. La misma operadora ya se retiró de tres áreas en Río Negro –Puesto Flores, Las Bases y Puesto Prado– dejando a la provincia en un debate aún sin resolver sobre quién debe hacerse cargo del daño ambiental.

Mientras tanto, los pobladores de Lomas de Olmedo siguen esperando una solución concreta. Las pérdidas económicas para los productores y el deterioro del ecosistema son cada vez más difíciles de revertir. La incertidumbre sobre el futuro del pozo LO-x10 crece, mientras el tiempo juega en contra del ambiente y de las comunidades que dependen de él.

El caso revela, una vez más, la necesidad urgente de reforzar los controles estatales, exigir garantías de cumplimiento ambiental a las petroleras y agilizar los tiempos judiciales en este tipo de emergencias. No es solo una cuestión de recursos naturales, sino de derechos básicos a la salud y a un ambiente sano.

Por ahora, el derrame petrolero en Lomas de Olmedo continúa activo, sin un plan claro de remediación ni responsables que se hagan cargo de los daños. Una herida ambiental abierta en el norte salteño, que ya lleva dos años sin cicatrizar.