La medida dispone que la Circular Modificatoria N° 4 se difunda durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial, en el portal CONTRAT.AR, en la plataforma DGMARKET del Banco Mundial y en el sitio web de la Secretaría de Energía, garantizando así la transparencia del proceso.
Estas cuatro sociedades fueron creadas por Energía Argentina (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) durante la reestructuración del sistema hidroeléctrico nacional, con el fin de ordenar la gestión y facilitar la posterior venta de los activos al capital privado. La decisión se enmarca en los decretos 286/2025 y 590/2025, que autorizaron la privatización total de las participaciones del Estado nacional en el sector.
En agosto pasado, el Ministerio de Economía había aprobado el pliego de bases y condiciones del concurso, habilitando a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas —una unidad ejecutora especial creada para este fin— a introducir aclaraciones y modificaciones. La resolución publicada esta semana responde a consultas técnicas y financieras presentadas por los grupos interesados en participar del proceso licitatorio.
Según la información oficial, los cambios introducidos buscan “precisar aspectos del cronograma y los mecanismos de presentación de ofertas”, con el objetivo de asegurar una mayor concurrencia de inversores nacionales e internacionales.
El avance de la privatización de las represas del Comahue, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, genera una fuerte polémica política y territorial. Desde los gobiernos de Neuquén y Río Negro reclamaron participar activamente en la administración de las centrales, argumentando que se trata de recursos naturales pertenecientes a las provincias.
Tanto el gobernador Rolando Figueroa como su par rionegrino Alberto Weretilneck habían solicitado a la Nación integrar la mesa de gestión y garantizar la participación provincial en la toma de decisiones, insistiendo en que “las represas están sobre territorio neuquino y rionegrino, y deben generar beneficios locales”.
Desde el Gobierno nacional, en cambio, defendieron la privatización como una medida para modernizar la infraestructura, mejorar la eficiencia operativa y reducir el gasto público, en línea con el programa de reformas estructurales impulsado por la administración de Javier Milei. “El ingreso de capital privado permitirá optimizar los recursos y liberar al Estado de costos innecesarios”, sostuvieron desde la Secretaría de Energía.
Los críticos, en cambio, señalan que el proceso implica un retroceso en la soberanía energética, ya que las hidroeléctricas son estratégicas para el abastecimiento eléctrico y la regulación de caudales en la Patagonia. Desde sectores sindicales y de la oposición, advirtieron que la venta total de los activos podría afectar la planificación energética y el control del sistema interconectado nacional.
El paquete en venta incluye las centrales Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que en conjunto generan alrededor de 4.000 MW, lo que representa cerca del 20% de la energía hidroeléctrica del país. Además de su aporte al sistema, cumplen un rol clave en la regulación de los ríos Limay y Neuquén, controlando crecidas y abasteciendo al Comahue.
El concurso público, de carácter nacional e internacional y sin base de monto mínimo, permitirá la presentación de propuestas tanto de empresas locales como extranjeras. Entre los interesados se mencionan grupos energéticos con experiencia en generación hidroeléctrica y fondos de inversión especializados en infraestructura.
La privatización de las represas forma parte del plan de desinversión estatal incluido en el programa de estabilización económica del Gobierno, que busca achicar el déficit fiscal y promover una mayor participación privada en sectores estratégicos.
Si el proceso avanza según lo previsto, las ofertas podrían recibirse antes de fin de año y la adjudicación concretarse durante el primer trimestre de 2026. Las provincias, mientras tanto, mantienen su reclamo por un esquema de co-gestión o participación accionaria, como condición para avalar el traspaso definitivo.
Con esta medida, el Ejecutivo nacional refuerza su orientación hacia una política energética liberalizada, mientras las provincias productoras insisten en mantener el control de sus recursos naturales, reeditando un debate histórico sobre federalismo y soberanía energética en la Patagonia.