Nuevos impuestos a los combustibles: así impactan en el precio de la nafta en enero

El inicio del año 2025 trae un ajuste en los precios de los combustibles, impulsado por el incremento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, publicado en el Boletín Oficial. Este aumento, del 1,75%, afecta a los surtidores desde el 3 de enero.

Los nuevos valores están establecidos en el artículo 1 del decreto 1134/2024, que dispone su vigencia del 1° al 31 de enero. La medida forma parte del plan de sinceramiento de precios que lidera el Ministerio de Economía, ajustando tarifas en función de la inflación.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el precio de la nafta premium sube de $ 1.370 a $1.394 por litro, mientras que la nafta súper pasa de $ 1.108 a $ 1.127. Por su parte, el litro de gasoil premium, que estaba en $1.123, ahora cuesta $ 1.142.

YPF, la petrolera estatal, ya había anticipado esta suba. Según la compañía, los nuevos precios buscan equilibrar los costos operativos con la inflación, aunque los consumidores sienten el impacto directamente en sus bolsillos.

Este aumento en los impuestos genera preocupación en sectores dependientes del transporte, pero el Gobierno defiende la medida como parte de su estrategia para sostener los ingresos fiscales en un contexto económico complejo.

A nivel empresarial, las estaciones de servicio enfrentan desafíos importantes. Deben ajustar sus costos y, al mismo tiempo, mantener competitividad frente a una demanda que muestra señales de recuperación, aunque sigue por debajo de los niveles del año pasado.

Según datos de la Secretaría de Energía, las ventas de combustibles crecen un 3,9% en noviembre respecto al mes anterior, pero acumulan una caída interanual del 10,5%. Este contexto evidencia las dificultades de los consumidores para sostener el nivel de consumo habitual.

En cuanto a las provincias, los costos adicionales de transporte agravan el impacto de los aumentos, generando precios finales más elevados en regiones alejadas de los centros de distribución.

El transporte público y privado también experimenta los efectos de este ajuste. Muchos usuarios evalúan reducir el uso del vehículo personal o explorar alternativas como el transporte público para mitigar el golpe económico.

Algunos especialistas plantean que el autodespacho, un modelo que gana terreno en otros países, podría ser una opción para reducir costos operativos en medio de este escenario de aumentos.

Por otro lado, sectores como el agro y la distribución enfrentan incrementos en sus costos logísticos, que eventualmente se trasladan al precio de los productos, afectando a toda la cadena de consumo.

Mientras tanto, los consumidores particulares buscan formas de adaptarse. Algunos optan por usar combustibles alternativos o reducir sus desplazamientos para minimizar el gasto.

El debate entre la necesidad de sincerar precios y el impacto negativo en los sectores más vulnerables sigue abierto. Las críticas apuntan a que los aumentos golpean con mayor fuerza a quienes dependen del transporte para su actividad diaria.

El Gobierno insiste en que estos ajustes son imprescindibles para garantizar la sostenibilidad fiscal y evitar distorsiones mayores en el mercado. Sin embargo, el descontento social se hace sentir en diversos sectores.

El inicio del año plantea desafíos para los consumidores y las empresas. Con los aumentos ya aplicados, el impacto se convierte en un tema clave de análisis para evaluar el rumbo económico de los próximos meses.

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