La decisión fue sellada en el marco de un entendimiento bilateral entre la administración de Javier Milei y el gobierno de Donald Trump, con el objetivo de profundizar la cooperación en minerales críticos como el litio y el cobre.
El acuerdo posiciona a la Argentina como un socio prioritario de Estados Unidos en la provisión de insumos clave para la transición energética y la industria tecnológica, en un contexto global de fuerte competencia por el control de recursos estratégicos.
Uno de los ejes centrales del entendimiento es la promesa de Buenos Aires de otorgar celeridad administrativa a los proyectos presentados por compañías estadounidenses bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, una herramienta creada para atraer capitales de gran escala.
El documento oficial difundido por el gobierno norteamericano señala que la Argentina se compromete a acelerar la evaluación y aprobación de iniciativas elegibles, con el fin de reducir plazos y brindar mayor previsibilidad a los inversores.
Si bien actualmente no existen empresas con casa matriz exclusiva en Estados Unidos que hayan presentado proyectos formales bajo el régimen, el acuerdo podría beneficiar a firmas occidentales que cotizan en Wall Street y que mantienen operaciones en el país.
El texto también deja entrever un claro mensaje geopolítico al establecer que la Argentina priorizará a Estados Unidos como socio comercial y de inversión en minerales críticos por sobre economías que, según la definición oficial, distorsionan el mercado.
En ese marco, el entendimiento se interpreta como un alineamiento con la estrategia estadounidense para reducir la influencia de China en la cadena global de suministro de litio, cobre y otros insumos clave.
El acuerdo contempla además un rol activo del Estado nacional como articulador con las provincias, responsables constitucionales de los recursos naturales, para facilitar el desembarco de inversiones estadounidenses.
Desde el Ejecutivo se comprometieron a trabajar junto a los gobiernos provinciales para destrabar procesos administrativos y asegurar que los proyectos se desarrollen de acuerdo con las normativas locales y ambientales vigentes.
Otro aspecto relevante es el impulso a la infraestructura minera, considerada un factor crítico para viabilizar emprendimientos en zonas alejadas de los principales centros urbanos y logísticos.
El compromiso incluye facilitar el acceso a caminos, energía y servicios necesarios para que las compañías puedan operar de manera eficiente y sostenible en los territorios donde se localizan los yacimientos.
Para el Gobierno nacional, este esquema busca consolidar un modelo de apertura, previsibilidad jurídica y reglas claras que incentive inversiones de largo plazo en minería.
La aceleración de proyectos bajo el RIGI y la priorización de capitales estadounidenses marcan así una nueva etapa en la política minera argentina, con impacto directo en el mapa de inversiones y en la inserción internacional del país.