El Senado de la Nación comenzó a debatir nuevos proyectos vinculados al desarrollo del mercado de carbono y las energías renovables, tomando como uno de los principales casos de estudio la experiencia de Córdoba, donde los biodigestores permiten transformar emisiones de metano en energía eléctrica y créditos de carbono comercializables.
El tema fue analizado durante un plenario de las comisiones de Legislación General, Ambiente y Presupuesto, donde se presentaron iniciativas impulsadas por los senadores Flavia Royón, Sonia Rojas Decut y Jorge Capitanich para avanzar en un marco regulatorio sobre mercados de carbono.
Uno de los principales expositores fue el secretario de Transición Energética de Córdoba, Pablo Gabutti, quien explicó el desarrollo del modelo provincial basado en la valorización de los gases de efecto invernadero y su transformación en energía renovable.
El funcionario señaló que Córdoba cuenta con un inventario de emisiones que registra alrededor de 30 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, de las cuales cerca del 50% proviene del sector energético, dato que impulsó el diseño de políticas específicas para reducir su impacto.
En ese contexto, destacó el papel del metano, un gas generado por actividades agropecuarias, rellenos sanitarios y la industria hidrocarburífera, cuyo aprovechamiento permite producir energía y reducir emisiones con alto impacto ambiental.
Gabutti explicó que los biodigestores utilizan bacterias para procesar residuos orgánicos y generar biogás, que posteriormente puede convertirse en electricidad e inyectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) o transformarse en biometano para otros usos energéticos.
Además del ingreso derivado de la venta de energía, estos proyectos obtienen un beneficio adicional mediante la generación de créditos de carbono, que certifican la reducción de emisiones de metano y pueden comercializarse en mercados voluntarios.
Para promover estas inversiones, Córdoba desarrolló el Estándar CBA, una normativa provincial que brinda previsibilidad a los proyectos y adapta los criterios internacionales de certificación a la realidad productiva local.
Uno de los casos presentados fue el de 3C Biogás, ubicado en General Cabrera, integrado por las cooperativas Cotagro y Copesp, que se convirtió en la primera planta argentina en certificar créditos de carbono bajo ese estándar provincial.
La planta aprovecha residuos agropecuarios para producir biogás, generar electricidad destinada al SADI y reutilizar el digestato resultante como fertilizante orgánico para establecimientos agrícolas de la región, cerrando un circuito de economía circular.
Los créditos de carbono generados por este proyecto fueron comercializados a través del Mercado de Valores y Activos Ambientales (MEVA), desarrollado por la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, permitiendo monetizar las reducciones verificadas de emisiones.
La experiencia cordobesa fue presentada en el Senado como un ejemplo de cómo la combinación de políticas públicas, regulación y tecnología puede convertir residuos en energía renovable, generar ingresos adicionales para los productores y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo del mercado argentino de carbono.