La decisión se inscribe en la estrategia oficial de reducir la participación del Estado como operador directo del mercado energético y avanzar en la privatización de activos y funciones de Enarsa, que dejará de importar y comercializar GNL, tarea que pasará a manos de operadores privados.
Desde la Secretaría de Energía explicaron que la medida responde a la imposibilidad actual de transportar todo el gas disponible en cuenca hacia regiones como el AMBA y el Litoral. En ese escenario, durante los picos de consumo invernal resulta necesario complementar el suministro con importaciones de GNL.
Hasta ahora, el Estado compraba GNL a precios internacionales —en un rango de entre 15 y 17 dólares por MMBTU— y lo vendía en el mercado interno a valores cercanos a los del Plan Gas, alrededor de 2,7 dólares por MMBTU, cubriendo la diferencia con subsidios. El nuevo esquema elimina esa intermediación estatal y traslada la responsabilidad comercial y operativa al sector privado.
El acceso a la capacidad de regasificación disponible en la terminal de Escobar se adjudicará mediante un proceso de licitación. El operador que resulte ganador será responsable de importar el GNL, regasificarlo e inyectarlo al sistema para abastecer tanto a distribuidoras como a usinas eléctricas.
La Secretaría de Energía establecerá los lineamientos del proceso para otorgar previsibilidad al esquema. En caso de que el mecanismo no arroje resultados satisfactorios, Enarsa podrá intervenir de manera transitoria para evitar riesgos de desabastecimiento.
Para prevenir distorsiones en un contexto donde la terminal de Escobar cumple un rol clave y no tiene competencia directa, el esquema contempla la fijación de un precio máximo para el gas regasificado durante el próximo invierno. Ese valor se definirá a partir de una referencia internacional, más un cargo adicional destinado a cubrir costos logísticos y operativos.
Dicho cargo —que incluye flete, regasificación, almacenamiento, comercialización y transporte hasta el punto de entrega en Cardales— será determinado a través de un proceso competitivo entre empresas, con el objetivo de reflejar eficiencia y asegurar la mejor oferta disponible.
Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo central es que el Estado se concentre en su función reguladora: establecer reglas claras, garantizar transparencia y asegurar el abastecimiento, dejando la operación comercial en manos del sector privado.
La medida se adopta mientras avanza la estructuración del proyecto Argentina LNG, en el que YPF negocia con socios estratégicos internacionales, compradores de largo plazo y proveedores de tecnología, con vistas a alcanzar decisiones finales de inversión en los próximos años.
El antecedente inmediato fue el invierno de 2025, cuando el Gobierno autorizó a Cammesa a pagar precios más altos por el gas para evitar cortes, ante la insuficiente oferta del Plan Gas. En ese contexto, se debió interrumpir el suministro a industrias, estaciones de GNC y algunas usinas eléctricas para priorizar el abastecimiento residencial durante una ola de frío.
Con el nuevo esquema, el Gobierno busca ordenar la formación de precios mediante competencia, reducir subsidios y avanzar hacia un mercado energético más transparente, mientras se transita una etapa de transición hasta que se consoliden los grandes proyectos de exportación de GNL.