Según datos oficiales y del sector, las inversiones mineras pendientes bajo el paraguas del RIGI superan los US$ 31.100 millones. Al incorporar desarrollos que se preparan para ingresar al régimen, como Taca Taca y PPG Pozuelos–Pastos Grandes, el monto total asciende a unos US$ 36.660 millones, una cifra que podría redefinir el perfil exportador del país.
El peso de estos proyectos no es solo cuantitativo. La cartera está dominada por cobre, litio y oro, minerales críticos para la transición energética global, la electrificación y el desarrollo de tecnologías limpias, en un contexto de creciente competencia internacional por asegurar suministros.
El cobre aparece como el gran protagonista del nuevo ciclo minero argentino. Su rol clave en redes eléctricas, energías renovables y movilidad eléctrica explica por qué concentra las mayores inversiones proyectadas bajo el RIGI.
El proyecto El Pachón, en San Juan, operado por Glencore, contempla una inversión estimada de US$ 9.500 millones en su primera fase. Cuenta con recursos cercanos a los 6.000 millones de toneladas, con leyes promedio de 0,43% de cobre y molibdeno asociado. Fue presentado como Vehículo de Proyecto Único y se encuentra en una etapa avanzada de evaluación.
También en Catamarca, el proyecto Agua Rica / MARA, igualmente a cargo de Glencore, prevé una inversión del orden de US$ 4.000 millones. Integra recursos por unos 1.200 millones de toneladas, con contenidos de cobre, oro, plata y molibdeno, y aprovecha infraestructura existente de La Alumbrera. La iniciativa fue presentada en agosto de 2025 y apunta a iniciar producción entre 2028 y 2031.
Otro de los desarrollos más ambiciosos es el proyecto Vicuña, en San Juan, impulsado por BHP junto a Lundin Mining. La inversión estimada oscila entre US$ 12.000 y US$ 15.000 millones, aunque algunas proyecciones la elevan a US$ 17.000 millones. El complejo integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, con recursos medidos e indicados que incluyen 13 millones de toneladas de cobre, 32 millones de onzas de oro y 659 millones de onzas de plata. La solicitud formal ingresó en diciembre de 2025 y el informe técnico integrado se espera para el primer cuatrimestre de 2026.
En Salta, el proyecto Taca Taca, de First Quantum Minerals, proyecta una inversión superior a los US$ 3.600 millones. Con cobre, oro y molibdeno como minerales principales, se encuentra en la etapa final de Evaluación de Impacto Ambiental y Social, con expectativas de aprobación en el primer semestre de 2026 y posterior solicitud de ingreso al RIGI.
El litio es el segundo gran eje del régimen, en línea con el posicionamiento argentino dentro del Triángulo del Litio. En Catamarca, Sal de Vida, ahora bajo control de Río Tinto, prevé una inversión de US$ 818 millones para producir carbonato de litio grado batería y se encuentra en evaluación, con foco en exportaciones y encadenamientos locales.
En Salta, Sal de Oro, de Posco Argentina, implica US$ 633 millones destinados a una planta integrada para producir hidróxido, fosfato y carbonato de litio. El proyecto continúa en trámite administrativo.
Otro desarrollo clave es PPG – Pozuelos Pastos Grandes, impulsado por Ganfeng Lithium junto a Lithium Argentina, con una inversión estimada de US$ 2.000 millones. Con la Declaración de Impacto Ambiental recientemente otorgada, busca ingresar al RIGI para convertirse en una de las mayores operaciones de litio del mundo.
En metales preciosos, el proyecto Diablillos, de AbraSilver Resource Corp., contempla un CAPEX superior a US$ 760 millones para plata y oro y ya presentó su solicitud formal. A su vez, Veladero, operado por Barrick junto a Shandong Gold, evalúa una inversión adicional de unos US$ 400 millones para extender su vida útil en San Juan.
En conjunto, estos proyectos representan un potencial transformador para la economía argentina. La magnitud de las inversiones promete generación de empleo directo e indirecto, desarrollo de infraestructura regional y un fuerte ingreso de divisas. Solo el cobre podría aportar exportaciones por miles de millones de dólares anuales una vez que los proyectos entren en producción.
Ante el volumen de iniciativas en carpeta, el Gobierno analiza extender la vigencia del RIGI hasta julio de 2027. El año 2026 aparece así como clave para destrabar definiciones administrativas y técnicas que podrían posicionar a la Argentina como un actor relevante en el mercado minero global, en un contexto internacional marcado por la competencia por minerales críticos y la transición energética.