En el caso del gas natural, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó los valores mediante una serie de resoluciones que alcanzan a todas las distribuidoras del país. Si bien no se difundió un porcentaje uniforme de aumento, los nuevos cuadros establecen montos diferenciados según categoría de usuario, nivel de ingresos y zona de prestación del servicio.
De acuerdo con lo publicado, los usuarios residenciales de menores ingresos que reciben el servicio de Metrogas abonarán desde enero $3.514,29 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.058,43 en el conurbano bonaerense. En el extremo superior del cuadro tarifario, los valores máximos alcanzan los $83.960,03 en la ciudad y $45.627,20 en el Gran Buenos Aires.
Para los usuarios de Naturgy BAN S.A., que presta servicio en la zona norte del conurbano bonaerense, el nuevo esquema fija un valor de $2.876,99 para la categoría residencial R1, mientras que para la categoría R4 el monto asciende a $30.807,68, de acuerdo con el nivel de consumo.
Los cuadros tarifarios contemplan también a las categorías R2 y R3, correspondientes a usuarios con consumos intermedios y altos, que se subdividen en distintos rangos según la demanda registrada. Esta segmentación busca reflejar de manera más precisa el uso del servicio por parte de cada hogar.
Las nuevas tarifas incorporan el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y mantienen las bonificaciones vigentes para los usuarios incluidos en los niveles 2 y 3 del esquema de segmentación de subsidios. Estos descuentos se aplican sobre el precio mayorista de la energía definido por la Secretaría de Energía.
Según la normativa, las empresas distribuidoras deberán facturar respetando los precios de referencia y las bonificaciones establecidas. En aquellos casos en los que el cambio tarifario coincida con un período de facturación ya iniciado, se aplicará un mecanismo de prorrateo para calcular el consumo a valores antiguos y nuevos de manera proporcional.
Desde el Gobierno explicaron que la actualización forma parte de un proceso de revisión periódica que tiene en cuenta los costos del servicio, la situación económica general y los objetivos de sostenibilidad del sistema energético, aunque no se brindaron precisiones oficiales sobre el impacto promedio que tendrá en las facturas de los usuarios.
Con este nuevo esquema, el Ejecutivo busca dar previsibilidad al sector y avanzar en la normalización de los precios de los servicios públicos, en un contexto de reducción gradual de subsidios y reordenamiento del sistema energético nacional de cara a 2026.