Empresas de Argentina y Chile avanzan en conversaciones para establecer alianzas que permitan acelerar el desarrollo de los grandes proyectos de cobre ubicados del lado argentino de la Cordillera de los Andes, con inversiones que superarían los US$40.000 millones.
La estrategia apunta a aprovechar la infraestructura logística, los puertos y la experiencia acumulada por la minería chilena para reducir costos y mejorar la competitividad de los emprendimientos que buscan entrar en producción durante los próximos años.
El interés está concentrado principalmente en San Juan, donde se encuentran algunos de los proyectos cupríferos más importantes de Argentina, entre ellos Vicuña, desarrollado por BHP Group y Lundin Mining; El Pachón, de Glencore; y Los Azules, de McEwen Copper.
La integración permitiría que los emprendimientos argentinos accedan a recursos y servicios disponibles del otro lado de la frontera. Entre las alternativas aparecen la infraestructura portuaria, el suministro energético, el agua y los conocimientos técnicos desarrollados durante décadas por la industria minera chilena.
Uno de los puntos estratégicos es la posibilidad de utilizar puertos de Chile para exportar el cobre producido en Argentina, una alternativa que podría resultar especialmente relevante para proyectos de gran escala ubicados cerca de la frontera.
Vicuña aparece como uno de los desarrollos en los que esta infraestructura podría resultar determinante para organizar la salida de la futura producción hacia los mercados internacionales y mejorar la logística de exportación.
La cooperación cuenta además con respaldo institucional mediante la reactivación de los mecanismos establecidos en el Tratado de Integración y Complementación Minera, firmado entre Argentina y Chile en 1997.
Durante agosto de 2026, ambos países aprobaron protocolos operativos para Vicuña, NexoAndino y Filo Sur, proyectos localizados en la zona fronteriza entre la provincia de San Juan y la región chilena de Atacama.
La integración, sin embargo, todavía presenta desafíos. Entre los aspectos pendientes aparecen las regulaciones para el tránsito de minerales, el aprovechamiento de infraestructura y recursos hídricos del país vecino y los criterios relacionados con la distribución de los ingresos tributarios.
En paralelo, Argentina busca captar capital para estos desarrollos mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos que requieren grandes desembolsos de capital.
La estabilidad de esas condiciones será uno de los factores considerados por las compañías, debido a que el desarrollo de una mina de cobre demanda inversiones de largo plazo y requiere previsibilidad para avanzar desde las etapas de exploración y construcción hasta la producción.
El creciente interés por el cobre también está impulsado por la expansión de las redes eléctricas, la electrificación y los centros de datos, sectores que demandan grandes cantidades de un metal considerado fundamental para la infraestructura energética y tecnológica.
Si los principales proyectos logran concretarse, Argentina podría incorporarse al grupo de los diez mayores productores mundiales de cobre. El desafío será transformar el potencial geológico y la cooperación con Chile en infraestructura, financiamiento y producción capaz de generar exportaciones, empleo y nuevas divisas.
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