Los titulares de derechos mineros estarán obligados a presentar esta declaración antes de iniciar actividades o recibir concesiones. Según Jerónimo Shantal, director de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, el protocolo actúa como una guía para establecer vínculos sólidos y directos entre las empresas y las comunidades afectadas.
El protocolo incluye parámetros esenciales que las empresas deben cumplir, destacando la implementación de monitoreos participativos sobre el uso del agua y la elaboración de planes socioeconómicos y socioculturales en las áreas de influencia. Estas medidas buscan involucrar a las comunidades en el desarrollo y seguimiento de los proyectos mineros.
"Es una herramienta práctica que permite a las comunidades participar activamente en los proyectos", afirmó Shantal. Además, las empresas estarán obligadas a actualizar la declaración cada dos años, lo que garantizará un seguimiento continuo por parte de las autoridades y las comunidades.
La resolución también subraya la importancia de cumplir con normativas legales en áreas como seguridad, protección ambiental e inclusión social. Este enfoque integral fomenta el diálogo constructivo entre las partes interesadas, promoviendo una minería más responsable y sostenible.
El monitoreo participativo sobre el uso del agua será una pieza clave en este protocolo, garantizando una gestión transparente de este recurso vital. Asimismo, se diseñarán planes que consideren el impacto sociocultural y económico, asegurando beneficios equitativos para las comunidades involucradas.
Para las autoridades de Mendoza, esta medida marca un avance significativo en la forma en que se gestiona la minería en la provincia. "La comunidad tendrá un rol protagónico en el seguimiento y control de los proyectos mineros", aseguró Shantal.
Además, la declaración jurada refuerza el compromiso de las empresas con el respeto a los derechos de las comunidades locales. El cumplimiento de estas normativas será supervisado por la Dirección de Minería, que garantizará su aplicación efectiva.
Este nuevo enfoque pone énfasis en la inclusión social, asegurando que las comunidades sean parte activa en el proceso de toma de decisiones. "La minería debe ser una oportunidad de desarrollo para todos, no una fuente de conflictos", destacó el director de Minería.
El plan de actores, otro componente clave del protocolo, permitirá identificar y dialogar con los principales grupos de interés en cada proyecto. Esta estrategia buscará prevenir tensiones y promover relaciones armoniosas entre las empresas y las comunidades.
Con esta resolución, Mendoza se posiciona como una provincia pionera en la promoción de buenas prácticas mineras. La implementación de la Declaración Jurada de Buenas Prácticas marca un paso importante hacia una minería más ética y comprometida.
La comunidad y las empresas ahora tienen una herramienta clara para trabajar en conjunto, asegurando que los beneficios de la minería sean compartidos de manera equitativa y sostenible. Este protocolo, según las autoridades, representa un modelo que podría ser replicado en otras regiones del país.
miércoles 11 de diciembre | 2024
Mendoza implementa un protocolo de compromiso comunitario para la minería
La provincia de Mendoza, a través de la Dirección de Minería, anunció la implementación de la Declaración Jurada de Buenas Prácticas, establecida por resolución conforme al Nuevo Código de Procedimiento Minero. Esta medida busca reforzar la relación entre las empresas mineras y las comunidades locales, promoviendo prácticas responsables y transparentes.