ENSI, actualmente conformada por un 51% de participación provincial y un 49% nacional, es la firma responsable del funcionamiento de la planta ubicada en Arroyito, que permanece sin producción desde 2017. De concretarse la operación, Neuquén asumiría el control total de la gestión operativa y comercial, mientras que la CNEA conservaría la titularidad de las instalaciones.
Las conversaciones se desarrollan en paralelo al llamado internacional lanzado por la provincia para captar compradores de agua pesada, que ya reunió cinco cartas de intención de empresas extranjeras interesadas en adquirir el insumo estratégico, utilizado en reactores nucleares de potencia y de investigación.
Según trascendió, el acuerdo tendría una vigencia mínima de 25 años, durante los cuales Neuquén se haría cargo de la administración integral del complejo, mientras que la CNEA recibiría una compensación económica en concepto de canon por la transferencia de sus acciones. El convenio podría formalizarse tras las elecciones nacionales de octubre.
El ministerio de Planificación e Infraestructura, que conduce Rubén Etcheverry, informó a los trabajadores sobre el avance de las negociaciones en una reunión celebrada el lunes pasado. Allí se explicó que la intención del Ejecutivo provincial es garantizar la continuidad laboral de los 124 empleados actuales y extender el contrato de mantenimiento, que vence el 31 de octubre, al menos hasta febrero de 2026.
La reactivación productiva de la PIAP demandaría una inversión inicial estimada en US$ 80 millones y un plazo de reacondicionamiento de aproximadamente 18 meses. El Gobierno neuquino ya inició gestiones con entidades financieras internacionales y con empresas interesadas en la compra del insumo, algunas de las cuales podrían realizar pagos anticipados para financiar parte de la puesta en marcha.
El plan contempla dos líneas de producción con capacidad total de 200 toneladas anuales, y las primeras ventas podrían alcanzar 180 toneladas por año, con contratos a mediano plazo. Entre las potenciales compradoras figuran compañías de Canadá, China y Europa, vinculadas a la industria nuclear.
Fuentes provinciales aseguraron que “la transferencia del control operativo a Neuquén permitiría destrabar decisiones clave, captar inversiones y aprovechar el interés internacional por el agua pesada argentina”.
La PIAP, considerada la mayor planta de su tipo en el hemisferio sur, fue diseñada para abastecer a la red de centrales nucleares del país, pero su paralización generó un alto costo de mantenimiento y una subutilización de sus capacidades técnicas.
El Gobierno de Neuquén busca reposicionar el complejo como un activo estratégico, integrándolo a su matriz de desarrollo industrial y energético. En ese marco, la provincia pretende reactivar la producción, mantener la infraestructura tecnológica y abrir nuevas oportunidades comerciales en el mercado internacional.
De concretarse la cesión, Neuquén asumiría por completo la gestión operativa de la planta, transformando la PIAP en un polo de referencia para la industria nuclear latinoamericana y reforzando su perfil como provincia líder en energía y tecnología aplicada.