La ola polar que azota Argentina ha incrementado la demanda de gas, forzando al Gobierno a interrumpir el suministro al sector industrial y a las estaciones de GNC. Para mitigar el déficit, Cammesa ha licitado de urgencia la compra de 12 cargamentos de fueloil y gasoil, lo que se traduce en la llegada de unos 30 barcos durante todo el invierno. Esta medida busca garantizar el suministro de electricidad mediante el uso de combustibles líquidos en las termoeléctricas.
Especialistas señalan que esta situación podría haberse evitado si se hubieran terminado las plantas compresoras del Gasoducto Néstor Kirchner (GPNK). Este gasoducto, que transporta actualmente 11 millones de metros cúbicos de gas por día (m3/d), podría haber duplicado su capacidad a 22 millones de m3/d si las plantas compresoras de Tratayén, Salliqueló y Mercedes estuviesen operativas. La finalización de estas plantas se ha visto retrasada por la falta de pago a las constructoras responsables.
La planta compresora de Tratayén, gestionada por Sacde, se espera que esté operativa en julio, añadiendo entre 5 y 6 millones de m3 diarios al sistema, lo que podría significar un ahorro de hasta 350 millones de dólares anuales. La planta de Salliqueló, a cargo de Contreras, estará lista en septiembre, mientras que la planta de Mercedes sigue demorada debido a la deuda gubernamental de 40 millones de dólares con las constructoras.
La Secretaría de Energía ha comunicado que se regularizará el suministro de gas tras resolver el conflicto con la carta de crédito emitida para la compra de GNL a Petrobras, que fue inicialmente rechazada. La situación de emergencia ha llevado al Gobierno a priorizar el abastecimiento a hogares, hospitales y escuelas, dejando sin suministro a industrias y estaciones de GNC.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, ha justificado la crisis energética actual por una combinación de factores: el otoño más frío desde 1989, la limitada importación de energía de Brasil y la necesidad de comprar volúmenes adicionales de GNL a precios elevados. También responsabilizó a la administración anterior por las deudas y retrasos acumulados, aunque estas declaraciones han sido contestadas por funcionarios de la gestión anterior.
La crisis actual pone de manifiesto la necesidad urgente de una planificación energética adecuada y la importancia de cumplir con los compromisos financieros para evitar costos mayores y garantizar la seguridad energética del país.
La falta de pago de 40 millones de dólares para obras energéticas ha demostrado ser un error costoso para el Gobierno argentino, que ahora se enfrenta a un desembolso de 500 millones de dólares para hacer frente a la creciente demanda energética. Este error se agrava aún más por la situación de emergencia provocada por la ola polar que afecta al país, aumentando la demanda de gas y obligando a tomar medidas urgentes para garantizar el suministro de electricidad, como la compra de combustibles líquidos a precios elevados.
La demora en la finalización de las plantas compresoras del Gasoducto Néstor Kirchner ha contribuido significativamente al actual déficit energético. Si estas plantas hubieran estado operativas, la capacidad de transporte de gas se habría duplicado, lo que habría ayudado a cubrir parte del faltante actual y reducir la necesidad de importaciones costosas. Sin embargo, la falta de pago a las constructoras ha retrasado estos proyectos clave, exacerbando la crisis energética y aumentando la dependencia del país de combustibles externos.
La crisis energética actual pone de manifiesto la urgente necesidad de una política energética integral y una gestión eficiente de los recursos. Además de completar las obras pendientes, es crucial implementar medidas a largo plazo para diversificar la matriz energética y promover la eficiencia energética. Solo así Argentina podrá garantizar un suministro seguro y sostenible de energía para sus ciudadanos y su economía en el futuro.
Mala praxis energética: el costoso error del gobierno argentino
La actual crisis energética en Argentina ha puesto en evidencia la falta de previsión y mala gestión en el sector. La decisión del Gobierno de no pagar 40 millones de dólares para completar obras energéticas críticas ha llevado a un desembolso forzoso de 500 millones de dólares, exacerbando el estrés energético en el país.