El presidente de la CEA, Martín Brandi —también CEO de PCR Energy— explicó que las gestiones para una extensión por 20 años de la ley no lograron avanzar en el Congreso durante 2025, pese a haber obtenido dictamen favorable en la Comisión de Energía. La iniciativa no llegó a tratarse en el recinto y el proyecto finalmente caducó.
Brandi subrayó que la continuidad del régimen es fundamental para asegurar previsibilidad a los inversores. Recordó que las condiciones fiscales diferenciales vigentes en los últimos años habilitaron inversiones superiores a los 8.000 millones de dólares, que permitieron consolidar un crecimiento sostenido de la capacidad renovable instalada.
En este escenario, la CEA confía en que el Congreso incorpore en la Ley de Presupuesto un artículo que prorrogue al menos por un año los beneficios fiscales, mientras se debate una nueva norma de promoción de renovables. La entidad advirtió que cualquier interrupción normativa afectaría el pipeline de proyectos en desarrollo y alteraría el flujo de capital previsto para 2026.
El planteo fue realizado durante un encuentro organizado por la CEA al que asistió la secretaria de Energía, María Tettamanti. Allí, Brandi afirmó que “todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento manifestaron apoyo” a la prórroga solicitada, lo que genera buenas expectativas en el sector empresario.
Tettamanti, por su parte, coincidió en la necesidad de brindar un horizonte fiscal estable por al menos dos décadas, aunque reconoció un desacople entre los tiempos del Gobierno y los plazos urgentes que requiere la industria. La funcionaria destacó que la estabilización macroeconómica es una prioridad y que el avance en la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista ya contó con aportes directos del sector renovable.
El encuentro reunió a figuras relevantes de la generación limpia: Bernardo Andrews (Genneia), Martín Mandarano (YPF Luz), Adrián Salvatore (Central Puerto), Rodolfo Freyre (PAE) y Gonzalo Jurado (TotalEnergies), entre otros. Todos coincidieron en la importancia de preservar las condiciones que permitieron el desarrollo de la infraestructura eólica y solar en la última década.
Desde la sanción de la Ley 27.191 en 2015, la Argentina pasó de una participación marginal en energías renovables a una capacidad instalada de 7,1 GW, liderada por tecnologías eólicas y solares. Si bien aún no se alcanzó la meta del 20% de participación que establecía la ley para 2025, el país ya se ubica cerca del 17%.
No obstante, el avance de las renovables enfrenta una limitación estructural: la falta de capacidad en la red de transporte en alta tensión. Las restricciones para conectar nuevos parques al sistema interconectado frenan inversiones y obligan a postergar proyectos que podrían aportar competitividad y diversificación energética.
Tettamanti recordó que la Secretaría de Energía avanza en licitaciones para ampliar la red de transmisión mediante un esquema de concesiones privadas. En julio, la Resolución 311/2025 definió las tres primeras obras estratégicas del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.
La primera licitación, correspondiente al corredor AMBA I, se activará durante el primer cuatrimestre de 2026. Este proyecto es clave para asegurar el suministro en el Área Metropolitana, donde se concentra el 40% de la demanda eléctrica nacional.
En etapas posteriores se impulsarán las líneas de 500 kV Río Diamante–Charlone–O’Higgins, que permitirá evacuar mayor generación desde Cuyo y el Comahue, y la línea Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca, que reforzará la vinculación entre Patagonia y el sistema troncal.
Estas iniciativas forman parte de un paquete de 16 obras críticas identificadas en la Resolución 715/2025, que busca dar respuesta al crecimiento de la demanda eléctrica y a la saturación de nodos estratégicos del país. Para el sector renovable, representan el componente indispensable para liberar nueva capacidad y garantizar la expansión sostenida de la matriz energética limpia.
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