Beneficios fiscales para pymes en explotación de pozos petroleros en Neuquén: impulso a la producción local

El diputado Darío Martínez (UxP) junto a colegas de su bloque ha presentado un proyecto de ley que propone una serie de beneficios fiscales para pequeñas y medianas empresas (pymes) que asuman la explotación de pozos petroleros de baja productividad en la provincia. Esta iniciativa, que busca dinamizar la industria petrolera y promover la generación de empleo local, ha despertado interés tanto en el ámbito político como empresarial.

Según lo estipulado en el proyecto, las empresas concesionarias podrán contratar a pymes o empresas neuquinas para gestionar la producción de pozos de petróleo maduros o inactivos, en lugar de optar por su venta o revertirlas a la provincia. Esto no solo busca revitalizar la producción en áreas consideradas menos rentables, sino también fortalecer el tejido empresarial local y garantizar una mayor apropiación de la renta petrolera para los habitantes de la región.

Los beneficios fiscales propuestos son significativos. Las empresas inscritas en el Registro de Empresas Petroleras del Estado Nacional (RPPBP), que sean titulares de concesiones de explotación de hidrocarburos y asociados contractualmente, disfrutarán de una reducción del 50% en regalías y canon extraordinario, así como en ingresos brutos y el impuesto al sello, en los contratos con terceros recuperadores. Además, obtendrán una reducción del 10% en regalías y canon extraordinario, así como en ingresos brutos, sobre la totalidad de su producción de petróleo originada en concesiones provinciales.

Para los terceros recuperadores, el proyecto establece una reducción progresiva del impuesto sobre los ingresos brutos, comenzando con un descuento del 100% durante los primeros dos años, y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 50% en el quinto bienio. Esta medida busca incentivar la participación de empresas especializadas en la recuperación de pozos en desuso, contribuyendo así a prolongar su vida útil y maximizar la extracción de crudo del subsuelo.

Los fundamentos del proyecto resaltan la importancia de adaptar las técnicas de producción a las particularidades de cada yacimiento, especialmente en áreas donde la explotación convencional ha alcanzado su etapa de madurez. En este sentido, se destaca el potencial de las pymes y empresas locales para aplicar técnicas innovadoras y asociarse estratégicamente, convirtiendo áreas consideradas antieconómicas por las grandes empresas en oportunidades rentables y generadoras de empleo.

El proyecto de ley, identificado como 16626, fue ingresado por Mesa de Entradas el 10 de abril y cuenta con la firma de Darío Martínez, Lorena Parrilli y Darío Peralta, representantes de Unión por la Patria. Su discusión y eventual aprobación prometen marcar un hito en la política energética de la provincia, impulsando una mayor participación de empresas locales en la explotación de recursos petroleros y favoreciendo el desarrollo económico regional.

Este proyecto legislativo responde a la necesidad de diversificar y fortalecer la economía regional, especialmente en un contexto donde las grandes empresas del sector petrolero han centrado su atención en yacimientos de alto rendimiento, dejando de lado áreas de menor productividad. La propuesta no solo busca optimizar la extracción de crudo en estas zonas, sino también crear un entorno propicio para el crecimiento de las pymes y el desarrollo de capacidades técnicas locales en el ámbito de la industria petrolera.

Además de los beneficios fiscales, el proyecto contempla un enfoque integral que promueve la colaboración entre diferentes actores del sector. La inclusión de terceros recuperadores y la incentivación de asociaciones estratégicas entre empresas concesionarias y pymes locales representan un paso hacia una mayor sinergia y eficiencia en la gestión de recursos petroleros, contribuyendo así a la sustentabilidad económica y ambiental de la región a largo plazo.

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El gobierno nacional aprobó una nueva normativa que habilita la circulación de bitrenes por casi la totalidad de la red vial nacional, con el objetivo de reducir significativamente los costos logísticos vinculados a la producción. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1196/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y representa un cambio estructural en la política de transporte de cargas en Argentina.

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