El monto garantizado superó la expectativa inicial del ministro Luis Caputo, que había estimado una recaudación cercana a los USD 500 millones. La competencia entre oferentes locales terminó desplazando a empresas internacionales y permitió elevar el piso de ingresos hasta niveles que, según estimaciones privadas, podrían alcanzar los USD 700 u 800 millones una vez finalizado el proceso.
El acto de apertura determinó que solo en el complejo Cerros Colorados se habilitará una instancia adicional para mejorar propuestas, mientras que en las otras tres centrales las mejores ofertas quedaron firmes conforme a los montos establecidos por el pliego. Las adjudicatarias tomarán control de las operaciones y comercializarán la energía generada bajo el nuevo esquema regulatorio.
MSU Green Energy, del Grupo MSU, presentó las propuestas más altas por los complejos El Chocón–Arroyito y Planicie Banderita, ubicados en Neuquén. La empresa confirmó compromisos de inversión por USD 235,7 millones iniciales y otros USD 230 millones destinados a renovación de infraestructura, posicionándose como uno de los actores más relevantes en el sector energético argentino.
Central Puerto se impuso como mejor oferente para Piedra del Águila, con una propuesta de USD 245 millones que le permitiría continuar operando la mayor represa del sistema Comahue. La central cuenta con una potencia instalada de 1.400 MW y es considerada clave para la estabilidad del Sistema Argentino de Interconexión.
El complejo Alicurá —ubicado sobre el río Limay— recibió la oferta más alta de Edison Inversiones, que propuso USD 162 millones. En el marco de la transición, la empresa desplazaría a AES, actual operadora del complejo, que presentó una oferta menor de USD 130 millones para intentar retener la concesión.
En Cerros Colorados, MSU Green Energy volvió a presentar la oferta más competitiva con un valor de USD 41,7 millones. La compañía ya operaba Planicie Banderita desde el mes pasado, tras adquirirla a Aconcagua Energía, y ahora podría ampliar su presencia en el sistema hidroeléctrico regional.
Las represas del Comahue concentran una potencia nominal instalada de aproximadamente 4.170 MW, lo que equivale entre el 10% y el 15% de la matriz energética nacional. Su relevancia estratégica explica el interés de los principales grupos locales y el atractivo que representó la licitación para los inversores.
La Secretaría de Energía resaltó que los futuros concesionarios deberán ejecutar todas las obras y mejoras necesarias para garantizar un funcionamiento seguro, eficiente y sostenible, conforme a lo estipulado en el pliego. El nuevo modelo contractual incorpora exigencias más estrictas en mantenimiento, monitoreo y modernización tecnológica.
El esquema aprobado también modifica las regalías y los cánones establecidos en la etapa de privatización de los años noventa. Las provincias productoras percibirán un canon hídrico y un fondo específico para obras de protección y seguridad, administrado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. El precio de la energía que se destine a Cammesa estará fijado en dólares.
El Gobierno espera que los ingresos por privatización ingresen al Tesoro antes de fin de año. En un contexto macroeconómico ajustado y con restricciones en el mercado de divisas, la operación se presenta como un refuerzo inmediato para fortalecer reservas y respaldar la política fiscal.
Además de las cuatro centrales del Comahue, otras quince represas de menor magnitud iniciarán su proceso de relicitación durante 2026, lo que abre una nueva etapa en la gestión de activos hidroeléctricos del país. El objetivo oficial es consolidar un esquema de largo plazo que combine inversiones privadas, previsibilidad regulatoria y aumento de la oferta energética.
Desde la década de 1990, las centrales fueron administradas por AES, Enel, Aconcagua Energía y Central Puerto, cuyas concesiones fueron extendidas en 2023 hasta diciembre de 2025 para permitir una transición ordenada. Con el nuevo esquema, la matriz hidroeléctrica ingresa en una etapa de reconversión operativa que apunta a recuperar capacidad, eficiencia y competitividad regional.
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