El megaproyecto minero Vicuña, uno de los desarrollos de cobre, oro y plata más ambiciosos de Argentina, quedó en el centro de un conflicto interprovincial que ya impacta en su logística y genera preocupación en el mercado internacional.
La disputa enfrenta a los gobernadores Ricardo Quintela y Marcelo Orrego, luego de que la Justicia riojana dictara una medida cautelar que paralizó el tránsito hacia el yacimiento Josemaría a través del territorio de La Rioja.
El proyecto, impulsado por las multinacionales BHP y Lundin Mining, contempla una inversión estimada en 18.000 millones de dólares y es considerado estratégico para posicionar al país en el mercado global del cobre.
Desde La Rioja, el reclamo apunta a una mayor participación en los beneficios del desarrollo, bajo el argumento de que la provincia aporta infraestructura clave para la operación, especialmente en materia logística.
Quintela exige que las empresas presenten una Declaración de Impacto Ambiental propia ante autoridades riojanas y reclama una participación directa en la renta minera, configurando lo que define como una “coparticipación minera”.
El eje territorial del conflicto se ubica en la zona de Guandacol, principal corredor logístico hacia el proyecto mientras no se complete la traza definitiva por San Juan.
El tránsito constante de maquinaria pesada y personal ya genera impactos sociales y ambientales en la región, lo que refuerza la postura riojana de no aceptar un rol pasivo en el esquema productivo.
Desde San Juan, la reacción fue inmediata. Orrego calificó la medida como un ataque a la seguridad jurídica y denunció que el planteo implica una forma de “aduana interna encubierta”.
El gobierno sanjuanino sostiene que los recursos naturales pertenecen exclusivamente a la provincia donde se ubican los yacimientos, en este caso dentro de su territorio.
La cautelar firmada por la jueza María Greta Decker se convirtió en un factor operativo crítico, ya que obliga a redireccionar la logística hacia rutas alternativas aún no desarrolladas.
El conflicto adquiere una dimensión jurídica compleja al poner en tensión dos principios constitucionales: el dominio provincial de los recursos naturales y la libre circulación dentro del territorio nacional.
El impacto trasciende lo local. El cobre es hoy un insumo estratégico global vinculado a la transición energética, y Vicuña aparece como uno de los pocos proyectos capaces de aportar volumen relevante a esa demanda.
La incertidumbre generada por el conflicto eleva el riesgo para inversores en un momento en el que Argentina busca consolidarse como jugador en el mercado internacional del cobre.
San Juan ya anticipó que llevará el caso a la Corte Suprema, en busca de una definición que siente precedente sobre los límites del poder provincial en este tipo de disputas.
El desenlace será determinante no solo para el futuro del proyecto, sino también para el marco institucional de la minería argentina, en un contexto donde la coordinación federal aparece como condición clave para atraer inversiones de gran escala.