El extenso debate, que se prolongó por casi cinco horas, culminó con una votación que reflejó el amplio apoyo a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial. El presidente del cuerpo, Pedro Pesatti, fue el encargado de dar paso a la votación. Los votos negativos provinieron de legisladores del PJ-NE y de Vamos con Todos, quienes expresaron fuertes críticas al acuerdo.
El convenio establece una serie de compromisos entre la provincia y el consorcio VMOS, entre los que se destacan la estabilidad tributaria por 30 años y pagos por parte de las petroleras que incluyen un desembolso inicial de 60 millones de dólares y abonos anuales de 40 millones durante trece años. El gobierno de Alberto Weretilneck estima ingresos por hasta 1.000 millones de dólares para Río Negro a lo largo de tres décadas.
Desde el oficialismo, el legislador Lucas Pica defendió el proyecto destacando que se trata de una inversión “histórica” y llamó a “dejar de lado la politiquería” para priorizar el desarrollo. Subrayó que la provincia no renuncia a su potestad tributaria y valoró que las controversias se resuelvan en tribunales locales, sin prórroga de jurisdicción.
Uno de los debates más tensos lo protagonizó el peronista Luciano Delgado Sempé, quien, pese a sus críticas, votó a favor. Planteó una reforma para que Sierra Grande reciba una porción mayor de los ingresos, no solo del bono inicial sino también de los pagos anuales. Su propuesta, sin embargo, no fue aceptada por el oficialismo.
Entre las posturas críticas se destacó la legisladora Magdalena Odarda, quien manifestó su preocupación por el impacto ambiental del proyecto y su incompatibilidad con el turismo. “Nos oponemos a la actividad petrolera en el mar por los riesgos de micro derrames”, expresó. En contraste, legisladores como Santiago Ibarrolaza consideraron que, más allá de los riesgos, el desarrollo económico es prioritario ante los altos niveles de desocupación en la región.
La legisladora Aíme Kircher, oriunda de Sierra Grande, destacó que su comunidad ve en este proyecto “algo distinto” luego del cierre de Hipasam, una herida social aún latente en la ciudad. Otros como Lorena Matzen y Ariel Bertenete, de la UCR, también acompañaron el acuerdo, señalando que se trata de una “apuesta estratégica” para la región.
Desde el bloque Primero Río Negro, Yolanda Mansilla valoró la inclusión del régimen RIGI pero advirtió que los pagos anuales no contemplan actualizaciones por inflación. Propuso además un esquema de priorización de inversiones, que fue acompañado por el ARI y la UCR, aunque no aceptado por JSRN.
En el tramo final del debate, el legislador Javier Acevedo calificó el acuerdo como “innovador” y anticipó que marcará un “cambio de paradigma” para la provincia. En sentido contrario, Ayelén Spósito sostuvo que el acuerdo no traerá beneficios reales a la población, aludiendo a una supuesta falta de planificación y advirtiendo que Río Negro podría convertirse en “zona de sacrificio”.
El diputado Juan Martín, del PRO, consideró “positivo” el proyecto pero criticó lo que llamó un “delirio fundacional” en el discurso oficialista. Reclamó que se garantice la participación legislativa en la distribución de las inversiones para evitar discrecionalidades.
Finalmente, el cierre del debate estuvo a cargo de Facundo López, presidente de la bancada de JSRN. Aclaró que el petróleo a exportar es de origen neuquino y que Río Negro solo facilita su transporte. Reivindicó el rol de la provincia como garante de “seguridad jurídica” y “licencia social”, y aseguró que el gobierno provincial continuará promoviendo inversiones que generen riqueza y empleo sin comprometer los intereses rionegrinos.
viernes 23 de mayo | 2025
La Legislatura de Río Negro aprobó el acuerdo para el oleoducto Vaca Muerta - Punta Colorada
Con una mayoría abrumadora, la Legislatura de Río Negro dio luz verde al acuerdo entre el gobierno provincial y el consorcio VMOS para la construcción del oleoducto Vaca Muerta – Punta Colorada, una obra estratégica para la exportación de petróleo desde la costa atlántica. El proyecto prevé una inversión privada de 3.000 millones de dólares y contó con el respaldo de 39 legisladores, mientras que cinco votaron en contra.