La privatización de Transener vuelve a poner en el centro del debate el rol del Estado en el sistema energético, en un contexto de reconfiguración del sector impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa se enmarca dentro del proceso más amplio de desinversión estatal en empresas estratégicas como ENARSA.
La Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. es la principal operadora del sistema de transmisión eléctrica del país y administra una infraestructura clave del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
La empresa cuenta con más de 12.400 kilómetros de líneas de alta tensión, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, consolidando su rol central en el transporte de energía a nivel nacional.
El proceso de privatización se vincula directamente con el Decreto 286/2025, que establece la venta de las acciones que ENARSA posee en CITELEC, la sociedad controlante de Transener.
Desde el Gobierno sostienen que la medida responde a una lógica de eficiencia, bajo la premisa de que el sector privado puede gestionar de manera más efectiva los activos energéticos.
Sin embargo, la decisión se da en un escenario complejo, marcado por la paralización de obras de expansión eléctrica planificadas en gestiones anteriores, como el proyecto AMBA I, que iba a desarrollarse junto a la empresa china State Grid.
En reemplazo, el Ejecutivo habilitó el ingreso de capital privado mediante el Decreto 921/25, aunque hasta el momento no se han registrado avances concretos en nuevas inversiones.
En este contexto, tres grupos económicos aparecen como principales interesados en adquirir Transener, todos con fuerte presencia en distintas áreas del sector energético.
Por un lado, Genneia, líder en energías renovables, se presenta asociada con Edison Energía, un holding que en poco tiempo avanzó en generación, distribución y transporte eléctrico.
También figura Central Puerto, la mayor generadora del país, que en los últimos años comenzó a expandirse hacia el negocio de los hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta.
El tercer actor relevante es Edenor, la principal distribuidora del Área Metropolitana de Buenos Aires, vinculada a uno de los grupos empresarios con mayor presencia en el sector.
Lejos de incorporar nuevos jugadores, el proceso evidencia una tendencia hacia la concentración del mercado en manos de grandes grupos económicos locales que operan en toda la cadena energética.
La discusión sobre la privatización también reabre el debate sobre la expansión del sistema eléctrico, históricamente impulsada por el Estado, especialmente entre 2006 y 2015, período en el que se incorporaron más de 4.500 kilómetros de líneas de alta tensión.
En contraste, durante gestiones con menor intervención estatal, la expansión fue prácticamente nula, lo que dejó al sistema con limitaciones estructurales que aún persisten.
El antecedente del apagón masivo de 2019 expuso justamente esas fragilidades, en un sistema con déficits acumulados de inversión y mantenimiento.
La historia de Transener se remonta a la reforma del sector eléctrico de los años 90, cuando se desmembró el sistema estatal y se concesionó el transporte de energía bajo un esquema de regulación pública y operación privada.
En ese marco, la empresa fue privatizada en 1993, con participación de capital extranjero, en un modelo que buscaba atraer inversiones y mejorar la eficiencia del sistema.
Tras la crisis de 2001, el Estado recuperó participación en la compañía, en un intento por fortalecer el control sobre una infraestructura estratégica.
Hoy, con el nuevo proceso de privatización en marcha, vuelve a plantearse el dilema entre eficiencia, inversión y soberanía energética.
El resultado de este proceso no solo definirá el futuro de Transener, sino también el equilibrio de poder dentro del sistema eléctrico argentino en los próximos años.