La generación distribuida permite a los usuarios convertirse en "prosumidores", un término que fusiona "productor" y "consumidor". Estos usuarios instalan sistemas de generación de energía renovable, como paneles solares, para satisfacer su demanda energética. El excedente de energía producido se inyecta a la red pública, beneficiando a otros consumidores y promoviendo un uso más eficiente de los recursos energéticos.
Los medidores inteligentes son cruciales en este proceso, ya que registran la cantidad de kilovatios-hora (kWh) generados y consumidos. La empresa distribuidora factura la diferencia entre la energía consumida y la inyectada, siguiendo una lógica de compensación. Aunque el Estado o la distribuidora no pagan al prosumidor por la energía inyectada, el sistema permite reducir significativamente las facturas de electricidad, especialmente si se consume únicamente la energía autogenerada.
La generación distribuida ofrece múltiples beneficios. Reduce el impacto de las tarifas eléctricas en los hogares, disminuye la carga en la red eléctrica y contribuye a la reducción de emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes, apoyando la lucha contra el cambio climático.
En Argentina, desde la sanción de la Ley Nº 27.424 en 2017, se ha establecido un marco legal que permite a usuarios de distribuidoras, tanto personas físicas como jurídicas, convertirse en generadores de energía renovable. La potencia máxima permitida varía según la categoría tarifaria, con un límite general de 2 MW.
La instalación de estos sistemas debe ser realizada por instaladores calificados, y una vez aprobada la instalación, la distribuidora coloca un medidor bidireccional. Según un informe de la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación, la generación distribuida ha aportado 38.915 kW de potencia instalada en los últimos cinco años, con 1.834 prosumidores en diversas provincias del país.
Existen dos tipos de sistemas fotovoltaicos: on grid y off grid. El sistema on grid, conectado a la red de la empresa distribuidora, es el único apto para la generación distribuida, ya que permite la inyección del excedente generado a la red pública.
Este avance tecnológico y regulatorio representa un paso crucial hacia un futuro energético más sostenible y equitativo, donde los usuarios pueden participar activamente en la producción y consumo de energía limpia, contribuyendo así a un entorno más saludable y a una economía energética más robusta.
La evolución hacia un modelo de generación distribuida también implica un cambio cultural significativo en la relación de los consumidores con la energía. Los prosumidores no solo se benefician económicamente, sino que también adquieren un rol activo en la gestión y producción de energía. Esto fomenta una mayor conciencia ambiental y un compromiso más fuerte con la sostenibilidad. Las comunidades pueden colaborar para aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones colectivas, creando un impacto positivo tanto a nivel local como global.
Además, la integración de medidores inteligentes y la promoción de la generación distribuida abre oportunidades para innovaciones tecnológicas y de negocio. Las empresas pueden desarrollar nuevas soluciones y servicios alrededor de esta infraestructura, como sistemas de gestión energética avanzados, plataformas de intercambio de energía entre usuarios y mejoras en la infraestructura de red para soportar una mayor capacidad de generación distribuida. Estas innovaciones no solo mejoran la eficiencia y la resiliencia del sistema eléctrico, sino que también pueden generar empleos y estimular el crecimiento económico en el sector de las energías renovables.
Medición inteligente y generación distribuida, un avance sostenible para el futuro energético
La implementación de medidores inteligentes y la promoción de la generación distribuida de energía renovable marcan un paso significativo hacia una transición energética más sostenible. Este avance, formalizado a través de la Resolución ENRE Nº 100/2024, busca fomentar la microgeneración de energía solar y eólica en áreas concesionadas por Edenor y Edesur.