A pesar de las promesas de campaña de Milei sobre la venta del paquete accionario de YPF, finalmente cedió ante la oposición para obtener votos favorables en la Cámara Baja del Poder Legislativo. El proyecto original generó controversias en el ámbito energético al proponer la privatización de la empresa, pero el nuevo documento presentado al Congreso descarta esta posibilidad.
YPF mantendrá su mayoría de capitales estatales con un 51%, desafiando las propuestas de Milei y sus asesores, quienes argumentaban que la participación del Estado en empresas energéticas conlleva distorsiones en los mercados y posiciones dominantes, potencialmente resultando en gestiones ineficientes y sujetas a influencias políticas.
Este cambio en la dirección de Milei no pasó desapercibido para las autoridades energéticas de la gestión de Alberto Fernández. Figuras como Flavia Royon, actual secretaria de Minería de la Nación, Cecilia Garibotti, ex-subsecretaria de Planeamiento Energético, y Florencia Terán, ex-directora nacional de Energías Renovables, expresaron sus opiniones.
Royon enfatizó que "YPF es sinónimo de una política pública basada en la soberanía energética y, por ende, en la soberanía de un país que entiende a este sector como estratégico para su crecimiento y desarrollo", mientras que Terán resaltó el compromiso de YPF en proyectos de energía renovable, demostrando responsabilidad hacia un suministro de energía confiable y asequible para los argentinos.
Cabe destacar que YPF Luz, una subsidiaria de YPF, ya cuenta con 497 MW de capacidad renovable instalada, con proyectos como el parque solar El Zonda y el parque eólico General Levalle en construcción.
Sin embargo, otras empresas estatales no correrán con la misma suerte, ya que el proyecto de Ley Ómnibus mantiene a varias compañías en la lista de privatización. Energía Argentina SA (ENARSA), vinculada a proyectos de hidrógeno verde, aún está prevista para pasar a manos privadas. La empresa ya había lanzado convocatorias para proyectos eólicos y de energía eléctrica en el sur de la provincia de Buenos Aires.
La aprobación o rechazo de esta iniciativa del Poder Ejecutivo en el Congreso se espera que ocurra durante las próximas sesiones extraordinarias o las ordinarias, extendidas hasta el 15 de febrero.
La decisión de excluir a YPF de la lista de privatización marca un hito en el proceso legislativo argentino, reflejando una negociación política que ha llevado a Javier Milei a modificar su postura inicial. La empresa, como símbolo de la soberanía energética del país, ha sido objeto de intensos debates y críticas por parte de diversos sectores, evidenciando las complejidades y tensiones en torno a la política energética nacional. A medida que el proyecto de Ley Ómnibus avanza en el Congreso, la atención se centra ahora en el destino de otras empresas estatales, como ENARSA, que aún se encuentran en la lista de privatización, generando incertidumbre sobre el futuro de los proyectos vinculados a las energías renovables y al desarrollo de tecnologías como el hidrógeno verde.