Los contratos entre productores argentinos y compradores brasileños estarán vigentes a partir del fin del Plan Gas, el esquema de precios mínimos para el sector implementado durante el gobierno de Alberto Fernández, cuya vigencia finaliza en 2028. Según indicaron desde el Palacio de Hacienda, el objetivo es pasar a un esquema completamente liberalizado en el cual los precios se definan por oferta y demanda, sin intervención estatal.
Esta apertura permitirá a las empresas firmar acuerdos de largo plazo, contemplando una primera etapa bajo el Plan Gas y luego contratos libres a partir de 2029. La lógica detrás de esta estrategia es dar previsibilidad para atraer inversiones y acelerar las obras de infraestructura necesarias para concretar el suministro al mercado brasileño.
Actualmente, el precio promedio del gas en el mercado argentino ronda los 3,5 dólares por millón de BTU, con variaciones estacionales. Sin embargo, las industrias brasileñas demandan un valor inferior, cercano a los 2,5 dólares, para que la importación sea económicamente viable. A esto se suman los costos logísticos y de retenciones, que hoy elevan el precio a más de 14 dólares en destino final, haciendo imposible cualquier contrato competitivo.
Los cálculos realizados por autoridades brasileñas indican que el gas argentino debe llegar a un precio de entre 7 y 10 dólares por millón de BTU para abastecer a sectores como la industria química, siderúrgica, cerámica y del vidrio. Para atraer nuevas inversiones en sectores como la petroquímica, el costo debería estar entre 4 y 7 dólares.
En este contexto, el gobierno argentino anunció que eliminará el precio mínimo de exportación atado al barril Brent, lo que implica una reducción de más de un dólar por millón de BTU para las exportaciones. Este cambio es visto como un avance importante por parte de los negociadores brasileños, pero aún insuficiente para alcanzar los niveles requeridos.
Otro de los aspectos en negociación es la eliminación de las retenciones del 8% a la exportación de gas. Esta medida, junto a los contratos firmados con antelación, es clave para viabilizar los proyectos de infraestructura necesarios para concretar el envío del gas a Brasil en tiempo y forma.
Las inversiones requeridas en territorio argentino rondan los 2.600 millones de dólares, que incluyen la construcción de un nuevo gasoducto hasta La Carlota y expansiones en el sistema de transporte de TGN. Por su parte, en Brasil se evalúa una obra de 1.100 millones de dólares para conectar con Porto Alegre, mientras que una ruta alternativa por Bolivia no requeriría obras, aunque genera dudas por su estabilidad política.
Además del precio del gas, los costos de transporte también son un factor determinante. Desde la Secretaría de Energía argentina, liderada por María Tettamanti, se comprometieron a modificar la regulación vigente para establecer una tarifa clara en sentido sur-norte en el Gasoducto Norte, algo que actualmente no existe.
Brasil propone una solución más ambiciosa: implementar una "integración tarifaria regional" similar al modelo de la Unión Europea. Este esquema permitiría reducir los costos de transporte a lo largo de los países involucrados, haciendo al gas más competitivo a nivel regional. La idea es que los ingresos del transportista se distribuyan entre el consumo interno y la exportación, promoviendo precios más accesibles para los compradores extranjeros.
A pesar de los desafíos, todas las partes involucradas se muestran optimistas. Tanto los gobiernos de Argentina y Brasil, como las embajadas, empresas productoras y potenciales compradores, ven con buenos ojos el rumbo de las negociaciones. "La relación entre Lula y Milei atraviesa su mejor momento", señalan desde ambas administraciones.
El objetivo final es ambicioso: alcanzar un volumen de exportación de 30 millones de metros cúbicos diarios en 2030. Esto significaría ingresos anuales por unos 3.000 millones de dólares para la Argentina, consolidando su rol como proveedor estratégico de energía para la región.
Según trascendió, existen múltiples fondos de inversión interesados en financiar los proyectos, incluyendo capitales canadienses, árabes y del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. “El problema no es la falta de recursos, sino la ausencia de una integración tarifaria que permita que el gas llegue a destino a un precio competitivo”, remarcan desde Brasilia.