La iniciativa, que buscaba garantizar el abastecimiento de gas en el norte del país debido al descenso en la producción boliviana, había avanzado con financiamiento de Cammesa, préstamos de la CAF, adjudicación de tuberías a Tenaris y licitación para la construcción. Sin embargo, la actual administración de Milei se encuentra indecisa sobre la continuidad del proyecto.
Según fuentes del Ministerio de Economía, la decisión de no avanzar en la obra se debe al ajuste en la obra pública. Aunque el mensaje oficial es que "no hay plata" para nuevas licitaciones, empresarios del sector y gobernadores presionan para evaluar la viabilidad de la reversión del gasoducto.
En el marco del Día del Petróleo, ejecutivos de empresas petroleras y funcionarios de la Secretaría de Energía debatieron sobre la situación. La falta de gas de Bolivia desde el 31 de julio ha elevado la urgencia de la obra para evitar desabastecimiento durante el invierno de 2024.
Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, advirtió sobre la necesidad de encontrar soluciones pronto: "La industria del norte no tiene alternativa de conseguir gasoil. Argentina en el norte produce 3 millones de metros cúbicos, en invierno hacen falta otros 10 o 12 millones más". A pesar de los obstáculos financieros, algunos mantienen el optimismo y sugieren esperar.
Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, enfatiza la prioridad de la obra y la posible falta de gas a partir de junio, cuando termine el convenio con Bolivia. Ante la posibilidad de financiamiento privado, Juan José Carbajales, exsubsecretario de Hidrocarburos, destaca la necesidad de acuerdos entre productores de gas, adaptación normativa y una inversión estimada entre US$ 2.500 millones y US$ 3.000 millones.
El desafío para el gobierno radica en articular con el sector privado, evitar incrementos en costos y asegurar que la obra esté lista para el invierno de 2024. La incertidumbre sobre el futuro del Gasoducto Norte persiste, mientras la presión de distintos actores pone a prueba la capacidad de la administración de Milei para resolver la situación.
En medio de la incertidumbre, se destaca la postura del gobierno de Javier Milei, que rechaza la continuidad de la obra pública y subraya la falta de recursos como principal obstáculo. Aunque el mandato de "no hay plata" se mantiene como respuesta oficial, las críticas y presiones de la industria petrolera, así como de los gobernadores de provincias afectadas, plantean la necesidad de revisar esta decisión. La polarización entre la iniciativa pública y el posible financiamiento privado, propuesto por el exsubsecretario de Hidrocarburos, genera un escenario complejo en el que se busca equilibrar la urgencia de la obra y las restricciones financieras gubernamentales.
El contexto económico y energético, marcado por las fluctuaciones en el tipo de cambio y el aumento de retenciones, añade capas de complejidad a la situación. El debate sobre la dependencia de Bolivia para el suministro de gas y las posibles alternativas, como importaciones desde Brasil o Chile, subraya la necesidad de encontrar soluciones sostenibles. Con la fecha límite para el invierno de 2024 acercándose, la presión de diversos sectores y la evaluación de posibles escenarios plantean un desafío significativo para la administración de Milei, que debe equilibrar las restricciones financieras con la imperiosa demanda de asegurar el abastecimiento de gas en el norte del país.