El acuerdo entre el gobernador Gustavo Melella y el presidente de YPF, Horacio Marín, anunciado en noviembre, forma parte del llamado Plan Andes, con el cual YPF busca desprenderse de campos maduros para concentrarse en Vaca Muerta. Sin embargo, la Legislatura fueguina —que sesionó solo tres veces en todo el año— aún no ratificó el traspaso.
Para habilitar el tratamiento se requiere quórum de 10 de los 15 legisladores, además del acompañamiento político de sectores de la oposición. Por el momento, esos votos no están garantizados. La acumulación de temas pendientes complica además la agenda legislativa, lo que aumenta las chances de que el debate se postergue.
Las tensiones escalaron luego de las declaraciones de la ministra de Energía, Andrea Castillo, quien afirmó que, si YPF se retira en julio, “nos deja el muerto”. La frase generó malestar dentro del propio oficialismo y fue interpretada por la oposición como un “diagnóstico preocupante” sobre la condición operativa de los yacimientos. Legisladores opositores replicaron que “si hay un muerto, alguien dejó morir al paciente”.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que los dichos de Castillo fueron “inoportunos” en plena negociación, sobre todo en un contexto de incertidumbre entre trabajadores, proveedores y posibles inversores. La ministra es una figura de máxima confianza del gobernador, por lo que se espera una aclaración pública antes de la sesión del jueves.
En paralelo, sectores técnicos advierten sobre el riesgo temporal: si el tratamiento se pospone para marzo, se compromete el cronograma del traspaso. YPF solo se comprometió a seguir operando hasta el 31 de marzo de 2026. Si no hay aprobación legislativa, la petrolera podría activar un mecanismo de reversión de las concesiones, con perjuicios institucionales y económicos para la provincia.
El expediente oficial remitido el 14 de noviembre autoriza la cesión de las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y las fracciones A a E de Tierra del Fuego. Incluye prórrogas por 10 años, un cronograma de inversiones orientado a operatividad, beneficios fiscales iniciales y compromisos ambientales y laborales condicionados. Sin embargo, carece de inventarios completos de activos y pasivos, garantías financieras y protocolos de subrogación laboral.
Los legisladores más reticentes señalan que, sin escritura definitiva, anexos técnicos validados y garantías bancarias o fiduciarias, el Estado podría asumir pasivos ambientales y operativos significativos. También preocupa la falta de instrumentos que aseguren la continuidad de proveedores locales y los niveles de mantenimiento requeridos en campos maduros.
El Plan Andes, marco estratégico de YPF para retirarse de áreas convencionales, ya generó tensiones en otras provincias. Santa Cruz y Chubut enfrentaron conflictos laborales, pasivos ambientales y desinversión tras cesiones similares. Esos antecedentes alimentan la cautela en Tierra del Fuego, donde se reclama mayor blindaje institucional y económico antes de aprobar el traspaso.
En ese sentido, especialistas plantean que la Legislatura debería exigir una serie mínima de condiciones: inventarios completos, fideicomisos de remediación, penalidades por incumplimiento, protocolos laborales, auditorías externas y un esquema fiscal atado a hitos verificables. Sin esos instrumentos, sostienen, la provincia corre riesgos operativos y financieros considerables.
Entre las advertencias del expediente destacan la posible transferencia de pasivos al tesoro provincial si Terra Ignis no cumple con los compromisos, la ausencia de mecanismos para proteger a proveedores locales y la insuficiencia del plan de inversiones para revertir la natural declinación productiva de los yacimientos convencionales.
En la antesala de la sesión, el escenario político permanece fragmentado. El oficialismo busca introducir ajustes de último momento para garantizar apoyo legislativo, mientras que la oposición reclama transparencia total del acuerdo y publicación inmediata de todos los anexos técnicos. La falta de consensos vuelve incierta la votación.
La decisión del jueves será determinante para el futuro energético provincial. Si el decreto se aprueba, Terra Ignis asumirá la operación de los campos desde enero de 2026. Si fracasa, podría abrirse un proceso de reversión que complicaría la situación institucional y productiva de Tierra del Fuego de cara al próximo año.
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