El plan forma parte de un ajuste general en las empresas públicas, con el objetivo de transferir el control mayoritario al sector privado. Las acciones de estas empresas, actualmente en manos de Enarsa y NASA, serán ofrecidas al mejor postor dentro del marco legal estipulado. La Secretaría de Energía fue facultada para gestionar la transferencia de bienes, contratos y personal necesario para garantizar el normal funcionamiento de los complejos hidroeléctricos.
El proyecto también reglamenta aspectos relacionados con los concesionarios, como contratos de concesión, seguridad de embalses, protección ambiental y obras obligatorias. Además, se detallan los pasos administrativos que deberán seguirse para llevar a cabo estas privatizaciones, incluyendo la intervención de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación.
Esta medida forma parte de un plan más amplio del Gobierno, que incluye la eventual privatización de otras empresas estatales, como Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Intercargo y Enarsa, así como la posible concesión de AySA, Trenes Argentinos y Corredores Viales.
El avance en la privatización de estas empresas energéticas no solo se enmarca en la necesidad de reducir el déficit fiscal, sino también en la intención de atraer inversiones extranjeras. El Gobierno busca que los nuevos operadores privados modernicen y optimicen la infraestructura existente, que en muchos casos requiere actualización tecnológica para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad. Esto coincide con la política de desregulación del mercado energético impulsada por el Ministerio de Economía, que pretende un sistema más competitivo y menos dependiente del Estado.
En cuanto a la normativa vigente, el proceso de privatización contempla una serie de salvaguardas destinadas a garantizar que las concesiones se realicen bajo términos que protejan tanto los recursos naturales como los intereses de los consumidores. Las normas de manejo de aguas y los requisitos de protección ambiental serán claves durante la transferencia de las concesiones, lo que subraya la relevancia de un monitoreo adecuado por parte de los organismos reguladores. Asimismo, se prevé que los nuevos concesionarios deberán asumir compromisos relacionados con la seguridad de las presas y embalses para evitar riesgos.
El impacto de esta privatización se extiende más allá del sector energético, ya que forma parte de un programa más amplio de reformas estructurales que incluye posibles privatizaciones en sectores estratégicos como el transporte y la energía nuclear. Esta estrategia ha generado debates tanto a nivel político como social, con sectores que alertan sobre la pérdida de control estatal en áreas clave y otros que destacan las ventajas de la eficiencia y la inversión privada para impulsar el crecimiento económico del país.
lunes 14 de octubre | 2024
El Gobierno avanza en la privatización de centrales hidroeléctricas para atraer inversiones privadas
El Gobierno Nacional avanza con un nuevo plan de privatización de empresas estatales, enfocado en el sector energético. Mediante el Decreto 895/2024, publicado en el Boletín Oficial, se anunció la puesta en venta del paquete accionario mayoritario de cuatro centrales hidroeléctricas claves: Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. Esta iniciativa se llevará a cabo en un plazo de 180 días corridos y estará bajo la supervisión de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía. El proceso se ejecutará a través de un concurso público nacional e internacional.