La medida habilita a ambas provincias a adquirir hasta un 10% del capital accionario en las nuevas concesiones, mediante la compra de acciones clase B y sin beneficios por su condición de Estados. La participación no será gratuita ni automática: solo podrán ingresar al proceso “pagando al mismo precio que los privados”.
Además de esta posibilidad de inversión, las provincias podrán designar un veedor cada una para controlar el desarrollo del proceso licitatorio. Esta figura no implica injerencia directa en las decisiones, pero garantiza cierta transparencia y seguimiento técnico durante la transición hacia las nuevas concesiones.
En el nuevo esquema, el Ejecutivo nacional busca atraer a un mayor número de empresas interesadas en operar las represas. A las actuales concesionarias podrían sumarse firmas como YPF Luz, Pampa Energía, Genneia, TotalEnergies y MSU Energía, además de fondos internacionales, incluso de origen chino.
Las centrales involucradas en esta etapa del proceso son El Chocón–Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Pichi Picún Leufú. Todas estas represas se encuentran hoy bajo el control de empresas como AES, Central Puerto, ENEL y Aconcagua Energía Generación, cuyas concesiones ya vencieron o se encuentran bajo prórrogas transitorias.
La decisión del gobierno nacional llega tras semanas de presión de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), quienes reclamaban una mayor participación de las provincias en el manejo de los recursos energéticos regionales. No obstante, la Casa Rosada no accedió a reconocer una participación directa “por derecho histórico” ni por criterios jurisdiccionales.
Un cambio significativo en el nuevo pliego es la modificación en el cálculo de regalías hidroeléctricas. Desde ahora, las concesionarias deberán pagar el 12% del valor total de la energía vendida, incluyendo todos los componentes que reconoce Cammesa y los contratos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Esto implicará mayores ingresos para las arcas provinciales.
Este nuevo esquema reemplaza al anterior, que solo computaba parcialmente los ingresos obtenidos por las represas. El ajuste implica una ampliación en la base de cálculo, algo largamente reclamado por las provincias patagónicas y considerado un paso positivo por los equipos técnicos locales.
El proceso licitatorio será de carácter nacional e internacional y estará coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, junto con la Secretaría de Energía. Enarsa contratará a una firma internacional para valuar los activos, mientras que Cammesa será responsable de administrar el “data room” con toda la información técnica.
En Neuquén y Río Negro, la medida fue recibida con reservas. Sectores políticos locales criticaron la falta de un reconocimiento pleno a la soberanía energética regional. Sin embargo, se valoraron aspectos como el nuevo modelo de regalías y la posibilidad de fiscalizar el proceso mediante los veedores provinciales.
Mientras tanto, las actuales operadoras siguen controlando las represas bajo un esquema de prórroga transitoria. Las concesiones originales, otorgadas en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem, vencieron en agosto de 2023, pero se extendieron de forma provisoria para garantizar la continuidad operativa.
Las represas del Comahue representan entre el 10% y el 15% de la matriz energética nacional, con una potencia instalada total de 4.170 MW. Se trata de un conjunto estratégico para el sistema eléctrico argentino, y su futuro despierta un fuerte interés tanto del sector público como del privado.
Aunque todavía restan definiciones clave en torno a los plazos y criterios de evaluación, el camino hacia una nueva etapa en la gestión hidroeléctrica del Comahue ya está en marcha. Y con él, un renovado debate sobre el equilibrio entre nación, provincias y mercado en la administración de los recursos energéticos.
viernes 09 de mayo | 2025
Luz verde para la licitación de las represas del Comahue: el gobierno habilita a Neuquén y Río Negro
El gobierno nacional oficializó el lanzamiento de la licitación de las principales represas hidroeléctricas del Comahue, situadas en el norte de la Patagonia. A través de la Resolución Conjunta 2/2025, la administración central permitió la participación de las provincias de Neuquén y Río Negro, aunque bajo condiciones que despertaron críticas y matices dentro del escenario político regional.