Las acciones que serán transferidas pertenecen a Enarsay serán ofrecidas en un Concurso Público Nacional e Internacional. El proceso tendrá un plazo máximo de 60 días y deberá realizarse bajo un esquema que el Gobierno definió como “competitivo y expeditivo”, con el objetivo de concretar la operación en el menor tiempo posible.
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación, con la responsabilidad de organizar el concurso, definir las bases de licitación, establecer el nuevo esquema de remuneración y elaborar los anexos técnicos correspondientes. También deberá garantizar la transparencia y legalidad del proceso de privatización.
Las actuales concesionarias de los complejos hidroeléctricos —Orazul Energy Cerros Colorados S.A, Enel Generación El Chocón, AES Argentina Generación y Central Puerto— tendrán la posibilidad de continuar operando las centrales. Para ello, deberán presentar una Carta de Adhesión en un plazo de cinco días hábiles desde la publicación del decreto.
En caso de presentar la Carta de Adhesión, estas empresas podrán continuar operando hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se concrete la adjudicación del concurso, lo que ocurra primero. Si no adhieren, deberán continuar generando energía eléctrica por un período no menor a 90 días hábiles, garantizando así la continuidad del servicio.
Las compañías que decidan adherir al proceso estarán sujetas a una serie de condiciones establecidas por el decreto. Entre ellas, el cumplimiento estricto de los contratos de concesión vigentes y la aceptación de un nuevo esquema remuneratorio que será definido por el Ministerio de Economía.
Además, deberán garantizar un mínimo de US$ 4.500.000, realizar inventarios detallados de bienes e instalaciones, y permitir visitas de los potenciales interesados en participar del concurso público. También se contempla el pago de regalías a las provincias de Río Negro y Neuquén, en cuya jurisdicción se encuentran las centrales hidroeléctricas.
El decreto también prevé que ciertas transferencias de bienes vinculados a las centrales puedan ser postergadas hasta la concreción definitiva de la venta, con el objetivo de facilitar una transición ordenada y ajustada a las exigencias técnicas del proceso.
La decisión forma parte de un plan más amplio de reordenamiento del sector energético impulsado por el Poder Ejecutivo. En este marco, la privatización busca atraer inversiones, mejorar la eficiencia operativa y avanzar en un esquema regulatorio actualizado.
Las centrales hidroeléctricas involucradas representan una parte significativa del parque de generación eléctrica del país y tienen un rol estratégico en el abastecimiento energético, especialmente en el sistema interconectado nacional.
Con esta medida, el Gobierno busca consolidar un proceso de desestatización que involucra tanto activos estratégicos como reformas normativas. La próxima instancia será la publicación de los pliegos del concurso, que deberán contemplar las pautas técnicas, jurídicas y económicas para la adquisición de las acciones.
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