Así lo explicó la doctora en Química María Eugenia Parolo, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), durante una entrevista realizada en el programa LVA La Verdad Avanza. Parolo detalló que la universidad forma parte del registro nacional de entidades auditoras desde hace 15 años, bajo la regulación de la Secretaría de Energía de la Nación.
“Trabajamos bajo la Resolución 785, que establece las pautas para la inspección de la seguridad e integridad de tanques, y también para las auditorías ambientales de las instalaciones donde se almacenan o transportan hidrocarburos”, explicó la especialista.
Estas auditorías ambientales incluyen el análisis de matrices potencialmente afectadas por la actividad hidrocarburífera, principalmente el suelo y el agua. Según describió Parolo, se realizan estudios para detectar la presencia de hidrocarburos, metales y otros contaminantes que puedan poner en riesgo la salud humana o degradar el entorno.
La Universidad Nacional del Comahue, junto a otras universidades nacionales y empresas, integra un registro de instituciones homologadas que tienen la responsabilidad de monitorear el desarrollo de la actividad petrolera en diferentes provincias. “Nuestros informes se elevan a Nación, que es quien tiene la potestad de hacer el seguimiento de los controles”, aclaró Parolo.
Uno de los principales desafíos, según destacó la investigadora, es la falta de articulación entre las auditorías que se reportan a Nación y las que se realizan a nivel provincial. “Muchas veces esa información no se cruza, y eso dificulta tener una mirada completa del estado ambiental de los sitios de explotación”, advirtió.
Este desajuste en la integración de datos cobra especial relevancia en un contexto de crecimiento acelerado de Vaca Muerta. “Es fundamental que las entidades auditoras, sean universidades o empresas, fortalezcan sus vínculos con las jurisdicciones provinciales, para consolidar sistemas de control más eficaces”, sostuvo Parolo.
La especialista señaló que si bien la universidad realiza inspecciones en provincias como Salta, Mendoza, Chubut y Río Negro, cerca del 80% de su actividad está concentrada en Neuquén, donde se encuentra la mayor densidad de instalaciones de almacenamiento y transporte de hidrocarburos del país.
“Desarrollamos actividades en toda la República Argentina, pero es en Vaca Muerta donde más esfuerzos de control se requieren por la magnitud de la operación”, remarcó.
Otro aspecto clave es la transparencia. La participación de una universidad pública en los procesos de auditoría aporta legitimidad y confianza social. “El hecho de que una institución académica realice los controles permite garantizar que los resultados sean independientes y objetivos”, enfatizó Parolo.
Las auditorías ambientales no solo sirven para cumplir con la normativa vigente, sino que también generan datos que permiten prevenir impactos mayores y planificar medidas de mitigación. “Analizar en detalle la presencia de contaminantes es vital para anticiparse a situaciones que puedan escalar”, advirtió la especialista.
Finalmente, Parolo reiteró la importancia de actualizar los procedimientos y de fortalecer los canales de información entre Nación y provincias. “Hoy más que nunca, necesitamos sistemas de control ambiental que acompañen el crecimiento de Vaca Muerta con responsabilidad y compromiso”, concluyó.
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