Neuquén redefine las reglas del juego para transferencias de áreas en Vaca Muerta

Durante el último año, la administración neuquina trabajó en silencio junto a las principales operadoras para delinear un sistema que permita evaluar de manera más eficiente el cumplimiento de los compromisos de inversión. Aunque desde la provincia aclaran que no se busca generar incertidumbre, sí proponen reglas más dinámicas que brinden mayor control sobre el desarrollo de las áreas concesionadas.

Un punto de inflexión fue el bono de 100 millones de dólares que ExxonMobil debió abonar para traspasar sus bloques a Pluspetrol, una condición inédita en este tipo de operaciones. Este acuerdo quedó formalizado en el Decreto 1215/24 y sentó un precedente que Neuquén buscará replicar en futuras negociaciones.

Según el ministro de Energía, Gustavo Medele, el nuevo criterio parte del análisis del desvío entre lo proyectado y lo efectivamente ejecutado por las empresas. En el caso de ExxonMobil, se identificó una subejecución del plan de desarrollo original, lo que, según la provincia, implicó un perjuicio económico en términos de producción no realizada y regalías no percibidas.

El cálculo se basa en una curva teórica de producción que se contrapone a los datos reales del yacimiento. A partir de esa comparación, se estima el valor del crudo que no se extrajo y se aplica una fórmula que traduce esa brecha en un monto económico que compensa a la provincia. Así se definió el bono que terminó pagando ExxonMobil.

Este nuevo enfoque ha generado malestar en algunas operadoras, que advierten que los planes de desarrollo presentados al momento de recibir una concesión tienen un carácter aspiracional y no son legalmente vinculantes. Argumentan, además, que las condiciones macroeconómicas adversas del país dificultan el cumplimiento de esos planes.

Desde la provincia, sin embargo, insisten en que si una empresa obtiene una ganancia por la venta de un activo otorgado por el Estado, es razonable que la administración evalúe esa transacción y exija compensaciones si corresponde. Este planteo tiene mayor peso aún en las áreas en las que participa Gas y Petróleo de Neuquén (GyP), como ocurre con varias operadoras.

Un caso reciente que también reveló esta nueva dinámica fue el fallido acuerdo entre Phoenix Global Resources y Geopark. Aunque la operación se anunció en 2024, nunca fue aprobada oficialmente y terminó desactivándose. Si bien la retirada de Phoenix obedeció a razones internas, desde la provincia confirmaron que el proceso administrativo nunca se formalizó por falta de documentación.

El antecedente de ExxonMobil y el intento frustrado con Phoenix marcarán el camino de futuras transferencias. Empresas como TotalEnergies, Shell, PAE, Vista, Tecpetrol o Pampa Energía, asociadas a GyP en diversas concesiones, deberán atenerse a estas nuevas condiciones si deciden ceder parte de sus activos.

Cabe destacar que estos requerimientos no están aún formalizados en una normativa específica. La provincia prefiere evitar tratar una nueva ley en la Legislatura para no alterar el clima de negocios, y se ampara en las potestades contractuales vigentes y en las modificaciones recientes a la Ley 17.319, introducidas por la Ley Bases.

Esta última normativa flexibilizó los marcos de asociación entre las provincias y las empresas, habilitando una renegociación más amplia de condiciones. Neuquén interpreta que este nuevo marco le otorga mayores herramientas para exigir compromisos más claros y beneficios concretos cuando se produzca una transferencia de activos.

Finalmente, la gestión Figueroa también cuestiona la duración de las concesiones actuales, fijadas en 35 años por la Ley 27.007. Consideran que en un país con una economía más estable, estos plazos deberían reducirse a 15 o 20 años. A su vez, plantean que las superficies concedidas también son excesivas y buscan avanzar hacia bloques más reducidos, como ocurre en otras regiones petroleras del continente.

Este replanteo integral del modelo de concesiones en Vaca Muerta apunta a reequilibrar la relación entre el Estado provincial y las operadoras privadas. En un contexto económico complejo, Neuquén busca maximizar los beneficios derivados de su principal activo estratégico, sin perder de vista la necesidad de seguir atrayendo inversiones.