Petroleras de servicios se bajan de Malvinas y refuerzan su apuesta por Vaca Muerta

Tres de las principales compañías de servicios petroleros del mundo, SLB, Halliburton y Baker Hughes, confirmaron que no participarán en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes. Las definiciones llegaron luego del anuncio del presidente Javier Milei, quien dispuso un nuevo régimen de sanciones para empresas que intervengan en actividades consideradas ilegales por la Argentina.

SLB informó mediante un comunicado que no participa ni tiene previsto participar en licitaciones vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en las islas y aseguró que continuará cumpliendo con la normativa argentina vigente. La compañía, con presencia en más de 100 países y una fuerte actividad en Vaca Muerta, remarcó su compromiso con el desarrollo energético del país.

En el mismo sentido, Baker Hughes Argentina comunicó que tampoco intervendrá en procesos licitatorios relacionados con proyectos petroleros en Malvinas. Por su parte, Halliburton aclaró que no participa del proyecto Sea Lion ni de ninguna otra actividad de exploración o producción en torno al archipiélago, al tiempo que ratificó su compromiso con Argentina y con el desarrollo responsable del sector energético nacional.

El Gobierno sostiene que las medidas buscan impedir la participación de empresas que operan en el país en desarrollos hidrocarburíferos sobre territorios cuya soberanía reclama la Argentina. La decisión se apoya en la Ley 26.659 y alcanza tanto a las compañías involucradas como a sus accionistas y a empresas proveedoras de servicios.

En paralelo, la administración nacional inició un proceso sancionatorio contra 45 personas humanas y jurídicas vinculadas al desarrollo petrolero en Malvinas. La nómina incluye a las licenciatarias Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, impulsoras del proyecto Sea Lion, además de accionistas, fondos de inversión, consultoras, proveedores estratégicos e integrantes de la cadena de servicios de distintos países.

Según el Gobierno, el objetivo es desalentar la participación empresarial en proyectos hidrocarburíferos sobre el área en disputa y elevar el costo comercial para las compañías que pretendan operar simultáneamente en Malvinas y en el mercado energético argentino, donde Vaca Muerta se consolida como uno de los principales polos de inversión del mundo.