El reclamo se originó en 2002, cuando la empresa denunció la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá, ubicada sobre el río Limay, en el límite entre las provincias de Neuquén y Río Negro. AES reclamaba originalmente US$ 1.814 millones, cifra que, con intereses, podría haber llegado a US$ 2.500 millones.
Tras el fin de la convertibilidad a fines de 2001, el gobierno argentino modificó unilateralmente las condiciones contractuales que garantizaban ingresos en dólares. La medida fue considerada por AES como una violación del Tratado Bilateral de Inversiones firmado en 1991 entre Argentina y Estados Unidos, lo que llevó a la compañía a agotar las instancias locales y recurrir al CIADI, organismo que depende del Banco Mundial.
Según explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, la presentación judicial en Washington tiene como objetivo avanzar con la ejecución del laudo arbitral. En caso de que la corte reconozca el fallo, Argentina podría apelar, lo que demoraría la ejecución efectiva. “Pueden pasar varios años hasta que se concrete, porque se tienen que identificar activos para embargar, pedir el activo y autorizar el embargo”, señaló.
Maril no descartó que el gobierno argentino, actualmente encabezado por Javier Milei, utilice el fallo como elemento de negociación. “Cuando busque privatizar energéticas o las reservas de Alicurá, puede que las dé como parte de pago”, indicó.
La sentencia en favor de AES se da en un contexto más amplio de litigios internacionales contra Argentina en el CIADI. Actualmente, hay al menos seis causas adicionales activas que totalizan más de US$ 1.500 millones en reclamos. Estos procesos involucran empresas de diversos sectores, como infraestructura, energía y finanzas.
Uno de los casos más avanzados es el de Webuild (ex Salini Impregilo), que recibió en abril de 2025 un laudo a su favor por US$ 152,6 millones, como compensación por la afectación de su participación en la concesionaria Puentes del Litoral S.A., tras medidas adoptadas durante la crisis de 2001.
También permanece en trámite el reclamo de Abertis Infraestructuras, que exige US$ 295,7 millones por la supuesta anulación del régimen tarifario de concesiones viales. Otro caso relevante es el de Nationale Nederlanden Holdinvest B.V., que reclama US$ 157 millones por la eliminación del régimen de capitalización de las AFJP.
Entre los expedientes pendientes figura el de BA Desarrollos LLC, vinculado a un proyecto en el predio Catalinas Norte II, por US$ 58,3 millones; el de IJM Corporation Berhad, por US$ 51,1 millones; y el de Casinos Austria GmbH, que obtuvo un fallo favorable en 2021 por US$ 21,6 millones, actualmente en etapa de análisis de anulación.
Pese al número creciente de laudos adversos, los tiempos procesales del CIADI suelen extenderse por años. “Ninguno está tan avanzado como para que haya una sentencia firme cerca. El CIADI es muy lento y no creo que haya un fallo tan inminente”, concluyó Maril.
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