El RIGI cambia las reglas: empresas extranjeras podrán cubrir el cupo reservado a proveedores locales

El Gobierno modificó el RIGI y permitirá que empresas de capital extranjero constituidas y domiciliadas en Argentina sean consideradas proveedoras locales dentro del cupo mínimo del 20%.

El Gobierno nacional modificó las condiciones para determinar qué empresas pueden ser consideradas proveedores locales dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un cambio que tendrá impacto sobre las contrataciones vinculadas con proyectos energéticos, mineros y de infraestructura.

La modificación fue establecida mediante el Decreto 1366/2026 y permite que compañías de capital extranjero constituidas y domiciliadas en la Argentina puedan ser consideradas proveedoras locales, independientemente del origen de sus accionistas.

La Ley 27.742 establece que los proyectos adheridos al RIGI deben comprometer la contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado a la adquisición de bienes y obras, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de precio y calidad.

Hasta ahora, la reglamentación contemplaba requisitos vinculados tanto con la radicación de las compañías como con su control societario. Con la modificación, ese esquema fue reemplazado por un criterio basado en la constitución y el domicilio de la empresa en la Argentina.

De esta manera, una compañía controlada totalmente por capitales extranjeros podrá ser contabilizada dentro del porcentaje de contratación local exigido por el régimen si está constituida y domiciliada formalmente en el país.

El cambio adquiere especial importancia para los grandes proyectos incorporados al RIGI, debido a que las inversiones necesitan contratar importantes volúmenes de equipamiento, construcción, ingeniería, logística y diferentes servicios especializados.

La nueva definición amplía así el universo de compañías que podrán competir por las contrataciones destinadas a cumplir con el cupo mínimo del 20% de proveedores locales, incluyendo firmas internacionales que cuentan con sociedades constituidas en territorio argentino.

Por ejemplo, una empresa perteneciente a capitales extranjeros que fabrique equipamiento en Argentina para un proyecto minero podrá computar dentro de ese porcentaje, aun cuando la totalidad de sus accionistas sean del exterior.

La modificación implica que el cumplimiento del porcentaje de contratación local ya no necesariamente estará asociado al control argentino del capital de las empresas seleccionadas por los grandes proyectos de inversión.

El nuevo escenario puede incrementar la competencia por los contratos entre compañías nacionales y filiales o sociedades vinculadas con grupos internacionales radicados en Argentina, especialmente en sectores con grandes necesidades de tecnología y equipamiento.

Para las pymes y proveedores nacionales, el cambio adquiere particular relevancia porque deberán disputar una parte de esas contrataciones con un universo más amplio de compañías que también podrán ser reconocidas formalmente como locales.

El impacto podría sentirse especialmente en actividades como petróleo y gas, minería e infraestructura, donde los proyectos incluidos en el RIGI movilizan inversiones de gran escala y generan oportunidades para extensas cadenas de proveedores.

Con la nueva reglamentación, el Gobierno redefine así el concepto de proveedor local dentro del RIGI: el requisito central pasa por que la empresa esté constituida y domiciliada en Argentina, mientras que el origen nacional o extranjero de su capital deja de ser determinante para integrar el cupo mínimo del 20%.

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