El Gobierno de Mendoza avanzó en la reglamentación del uso de inmuebles estatales destinados a actividades mineras, una medida que apunta a ordenar la relación entre los derechos mineros y el patrimonio provincial, fortaleciendo la seguridad jurídica para empresas e inversores.
La normativa fue elaborada de manera conjunta por la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, Fiscalía de Estado y otros organismos competentes. El nuevo esquema establece criterios específicos para las minas de primera, segunda y tercera categoría que desarrollan actividades sobre terrenos de dominio provincial.
El objetivo central es generar reglas claras respecto a las condiciones de ocupación, uso y aprovechamiento de inmuebles estatales vinculados a proyectos mineros, aportando mayor previsibilidad a las empresas que operan o buscan invertir en la provincia.
Según explicaron desde el Gobierno mendocino, la reglamentación permite determinar con precisión cuándo un derecho minero se encuentra vigente, en qué situaciones corresponde una contraprestación económica por el uso de terrenos públicos y cuáles son las obligaciones que deben cumplir los titulares de los proyectos.
Uno de los aspectos destacados de la medida es la incorporación de criterios que equiparan las condiciones entre quienes desarrollan actividades mineras sobre terrenos estatales y aquellos que operan en propiedades privadas. De esta manera, se busca garantizar igualdad de condiciones y evitar diferencias que puedan afectar la competitividad de los emprendimientos.
Para las minas de primera y segunda categoría, la normativa establece un canon de uso que será aplicable únicamente a los proyectos que hayan alcanzado la etapa de explotación y utilicen inmuebles de dominio estatal. En cambio, las fases de prospección y exploración quedaron excluidas del pago, con el propósito de incentivar la búsqueda de nuevos recursos minerales y reducir los costos en las etapas de mayor riesgo.
En el caso de las minas de tercera categoría, la reglamentación incorpora parámetros objetivos para determinar los derechos de explotación, considerando variables como el volumen de producción, el tipo de mineral extraído y la superficie utilizada. Además, se establecieron mecanismos de control y declaración destinados a mejorar la transparencia y la trazabilidad administrativa.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la medida forma parte de una estrategia orientada a generar condiciones favorables para el desarrollo de nuevos proyectos mineros, brindando mayor certidumbre a los inversores y fortaleciendo la administración de los recursos públicos.
La decisión se produce en un contexto de fuerte crecimiento de la actividad minera en Argentina, impulsada principalmente por los proyectos de cobre, oro, plata y litio que avanzan en distintas provincias. Mendoza busca posicionarse dentro de ese escenario mediante un marco regulatorio más claro y previsible.
Con esta reglamentación, la provincia procura consolidar un esquema que combine seguridad jurídica, administración eficiente del patrimonio estatal e incentivos para la exploración y el desarrollo de nuevas inversiones mineras, consideradas estratégicas para diversificar la economía y generar empleo en los próximos años.
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