El entendimiento fue firmado en el Palacio de Hacienda durante un encuentro encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Diego Santilli. En representación del sector privado participaron el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el titular de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.
La primera provincia en adherir al acuerdo es Chubut, una de las jurisdicciones más afectadas por la caída en la producción de petróleo convencional. El gobernador Ignacio Torres rubricó el acta, que será replicada progresivamente en las restantes provincias productoras. El Gobierno remarcó que la iniciativa busca asegurar la continuidad operativa en los yacimientos tradicionales, donde los costos de extracción se incrementaron en los últimos años.
Según el documento firmado, el Estado Nacional se compromete a adecuar el régimen de derechos de exportación para avanzar hacia la quita total de retenciones en el petróleo convencional. La medida se considera clave para mejorar la competitividad de las empresas y sostener proyectos de exploración y producción en áreas que requieren altos niveles de inversión.
Por su parte, la provincia de Chubut se comprometió a profundizar sus políticas de acompañamiento a la actividad mediante la revisión de regalías, cánones y otros instrumentos fiscales vinculados a la explotación hidrocarburífera. El propósito es equilibrar el esquema de incentivos y coordinar acciones que permitan sostener los niveles de actividad.
Las empresas del sector, en tanto, deberán asegurar la continuidad de la producción y de los planes de inversión comprometidos. El acuerdo establece que deberán priorizar proyectos orientados a incrementar la extracción de hidrocarburos convencionales, reactivar equipos detenidos y recuperar pozos en cuencas maduras, una estrategia clave para sostener los niveles de empleo directo e indirecto.
El Gobierno enfatizó que la quita de retenciones apunta a sostener miles de puestos de trabajo vinculados con la actividad hidrocarburífera. En las cuencas maduras del país, como la del Golfo San Jorge, la caída natural de producción exige inversiones permanentes para mantener los volúmenes operativos y evitar el cierre de yacimientos.
El nuevo esquema busca también mejorar la eficiencia operativa del sector. Con menores cargas fiscales sobre las exportaciones, las empresas podrán destinar más recursos a la modernización de sistemas, tecnologías de recuperación secundaria y mejoras en infraestructura crítica.
Desde Nación remarcaron que este tipo de acuerdos se enmarca en la estrategia general del Gobierno de reducir la presión impositiva sobre el sector energético. En los últimos meses, la administración avanzó en la revisión de impuestos y derechos aplicados a la producción y a la exportación, con el objetivo de liberar capacidad de inversión privada.
El equipo económico sostiene que la estabilidad regulatoria y tributaria es uno de los factores clave para consolidar un crecimiento sostenido en la producción de hidrocarburos. La eliminación progresiva de retenciones es, para el Gobierno, un paso esencial para reconstruir un marco de previsibilidad luego de años de cambios normativos sucesivos.
El acuerdo firmado con Chubut será replicado en los próximos meses con el resto de las provincias productoras, en un proceso que incluirá mesas técnicas, revisión de parámetros fiscales y evaluación de metas de inversión y producción.
La Nación destacó que este entendimiento representa un avance concreto hacia un modelo energético más competitivo y alineado con estándares internacionales, en un contexto global donde los países buscan asegurar abastecimiento y promover nuevas inversiones.
Desde el sector privado, la expectativa es que la quita de retenciones incentive la realización de nuevos proyectos de recuperación secundaria, terciaria y exploración convencional, actividades que requieren plazos largos de desarrollo y estabilidad regulatoria para ser viables económicamente.
Con esta medida, el Gobierno Nacional busca consolidar un esquema de reglas claras que permita fortalecer la producción, dinamizar las economías regionales y asegurar el desarrollo sostenido de las cuencas maduras del país.