De acuerdo con el texto presentado, el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía no estarán gravados por impuestos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2045. El planteo busca dar continuidad a un esquema que en los últimos años permitió impulsar inversiones de largo plazo en generación renovable.
Los diputados argumentaron que resulta imprescindible sostener las condiciones que favorecieron el dinamismo del sector. Explicaron que la prórroga permitirá incentivar el desarrollo de nuevos proyectos y reducir el impacto de tributos que encarecen el costo de la energía eléctrica.
La iniciativa no contempla, sin embargo, la ampliación de los objetivos de participación renovable en la cobertura de demanda eléctrica. La meta vigente establece que el 20% del consumo eléctrico debe ser cubierto con energías limpias para diciembre de 2025, pero el proyecto no propone aumentarla.
El diputado Martín Maquieyra, vicepresidente de la Comisión de Energía, aclaró que el sector no pide más beneficios ni metas más ambiciosas, sino solamente la estabilidad fiscal. Indicó que el planteo central es evitar nuevos impuestos que dificulten la competitividad de las energías limpias frente a otras fuentes.
Otro de los puntos incluidos en el proyecto es la eliminación de la obligación que tienen los grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista y los grandes clientes de distribuidoras de contratar energía renovable a través de CAMMESA. Se trata de una medida que, según los autores, acompaña los lineamientos de desregulación y modernización del mercado eléctrico.
El documento fue firmado por 20 legisladores, lo que equivale a casi el 8% de la Cámara de Diputados. La mayoría pertenece al bloque político PRO (Propuesta Republicana), aunque también participaron representantes de otras provincias.
Desde el sector privado la recepción fue en general positiva. La Cámara de Generadores y Cadena de Valor de la Industria Renovable (CEA) sostuvo que la propuesta brinda señales de estabilidad fiscal y jurídica necesarias para proteger inversiones ya realizadas y atraer nuevo financiamiento.
El gerente general de la CEA, Héctor Ruiz Moreno, destacó que el sector no requiere subsidios adicionales, sino estabilidad para crecer. Afirmó que gran parte de la infraestructura que el país necesita depende de este tipo de señales y advirtió que no se necesitan más impuestos al viento ni al sol.
Por su parte, la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) celebró que el proyecto defienda la intangibilidad fiscal de los contratos hasta 2045. Consideró que esa definición es necesaria para otorgar previsibilidad a las inversiones en el mercado eléctrico.
Sin embargo, desde CADER también expresaron reparos. Lamentaron la falta de objetivos de participación renovable y de políticas sectoriales que permitan competir en igualdad de condiciones con proyectos térmicos o gasíferos, que suelen tener costos financieros más bajos.
El directivo Marcelo Álvarez, miembro de la comisión directiva de CADER y coordinador del Comité de Energía Solar FV, señaló que la iniciativa pierde la oportunidad de impulsar con mayor claridad a las renovables. Consideró que la falta de mecanismos de incentivos y financiamiento limita la posibilidad de crecimiento sostenido del sector.
En síntesis, el proyecto legislativo busca dar continuidad a la estabilidad fiscal para las energías renovables hasta 2045, lo que es valorado como una señal positiva por el sector privado. Sin embargo, persiste la preocupación por la ausencia de nuevas metas y de un marco de incentivos más robusto para consolidar la transición energética del país.