El Gobierno nacional decidió aplazar el proceso de privatización de las cuatro represas hidroeléctricas ubicadas entre las provincias de Neuquén y Río Negro. La licitación, que originalmente cerraba este jueves 23 de octubre, fue extendida hasta el viernes 7 de noviembre.
La medida fue oficializada este miércoles a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial por el Ministerio de Economía, que lidera el proceso de venta de los activos hidroeléctricos.
La decisión responde a un pedido de las empresas interesadas, que solicitaron más tiempo para evaluar el contexto económico y político tras las elecciones legislativas que se celebran este domingo 26 de octubre.
El proceso de privatización genera expectativas por el monto potencial de recaudación, que el Gobierno estima en un rango de entre US$ 500 y US$ 700 millones. Sin embargo, la incertidumbre electoral, la volatilidad del dólar y el aumento del riesgo país impactaron en la planificación de las generadoras.
Las represas en cuestión fueron concesionadas en 1993 durante la presidencia de Carlos Menem, y los contratos vencieron en 2023. Desde entonces, se encontraban operando bajo extensiones transitorias y con fuerte debate sobre su continuidad.
El Gobierno actual decidió avanzar con una nueva privatización total de las centrales, en vez de renovar concesiones o devolverlas a la gestión estatal, generando distintas posiciones entre actores políticos, económicos y provinciales.
Las hidroeléctricas involucradas —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila— son estratégicas en el sistema energético nacional y en el abastecimiento del Comahue y el centro del país.
El aplazamiento de la licitación no modifica los términos del proceso, pero permite a los oferentes reevaluar sus propuestas con mayor información política y financiera, una vez conocidos los resultados de los comicios.
Fuentes del sector eléctrico confirmaron que, aunque hay interés por parte de grupos privados nacionales y extranjeros, las condiciones actuales del país generan dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la inversión.
En ese marco, se espera que el resultado electoral pueda redefinir la estrategia energética del país, especialmente en temas como la gestión de los recursos hídricos, las tarifas eléctricas y el rol del Estado en la infraestructura crítica.
El Gobierno apuesta a que, con mayor certidumbre política, más empresas se presenten y se maximice la recaudación por la venta de estos activos.
El caso de las represas del Comahue se inscribe en una agenda más amplia de privatizaciones impulsada por el Ejecutivo, aunque con ritmos variables según el contexto económico y electoral.
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