La información recabada por Ámbito revela que, en la actualidad, se está evaluando cuánto de esos pedidos se convalidará a las empresas. La Secretaría de Energía ha adelantado que no se otorgará el total solicitado, que alcanza el 700% en algunos casos. La incertidumbre recae en si se convalidará el pedido de actualización mensual, similar a la fórmula utilizada para las tarifas del colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Adigas, la asociación que agrupa a las distribuidoras, ha argumentado que desde octubre de 2018, las actualizaciones apenas han cubierto el 16% de la inflación acumulada, incumpliendo la revisión tarifaria integral (RTI) prevista. Las actualizaciones realizadas en 2021, 2022 y 2023 se destinaron, según Adigas, al pago de salarios, costos de mantenimiento y las inversiones mínimas.
Los pedidos de las empresas en la audiencia pública varían significativamente. Naturgy-Gasnor propuso una adecuación del 413%, Camuzzi solicitó una recomposición promedio del 421%, Metrogas pidió hasta el 704%, mientras que TGN y TGS solicitaron aumentos del 523,5% y 567%, respectivamente, argumentando inflación no reflejada.
La eliminación progresiva de subsidios se realizará en tres partes, un 33% en febrero, otro tercio en marzo y el restante en abril. A partir de este último mes, se implementará un nuevo esquema de subsidios basado en los ingresos de los hogares y su asignación a una canasta energética, cuyos detalles aún no han sido revelados.
La consultora Economía y Energía estima que, de convalidarse un aumento del 524% para transporte y 462% para distribución, los usuarios de altos ingresos (N1) verían un aumento del 422%, mientras que los de ingresos medios (N3) experimentarían un incremento del 666%. La situación es diferente para los usuarios vulnerables (N2), proyectándose un aumento del 697%.
La discusión en el Gobierno se centra en si se convalidará el pedido de actualización mensual, utilizando posiblemente el índice de precios mayoristas del Indec (IPIM), como se ha definido para las tarifas de transporte del Área Metropolitana. La resolución del Enargas estableció la necesidad de determinar un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de gas.
En este contexto, la consultora Economía y Energía ha proyectado posibles impactos en las boletas finales de las familias para el mes de abril, considerando diferentes escenarios de aumento. Para los usuarios de altos ingresos (N1), se estima un incremento del 422%, mientras que los usuarios de ingresos medios (N3) podrían experimentar un salto del 666%. Estos aumentos son aún más pronunciados debido a que, en la actualidad, pagan tan solo 0.4 dólares por millón de BTU, y con la eliminación de subsidios, pasarían a abonar la totalidad, estimada en 4.3 por millón de BTU.
La incertidumbre persiste entre los usuarios vulnerables (N2), ya que la consultora sugiere que podrían mantener un subsidio del 50% del costo del suministro. Sin embargo, en abril, su tarifa aún experimentaría un aumento del 697%.
La discusión gubernamental gira en torno a la posibilidad de convalidar el pedido de actualización mensual mediante una fórmula, posiblemente vinculada al índice de precios mayoristas del Indec. La resolución del Enargas establece la necesidad de determinar un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de gas, siendo este un punto crucial en la definición de las políticas tarifarias del Gobierno en los próximos meses.
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