Junto a San Juan, La Rioja fue una de las únicas dos provincias argentinas incluidas en el ranking elaborado por el instituto canadiense, que analiza el potencial geológico de cada región y la incidencia de sus políticas gubernamentales sobre la atracción o el rechazo de capitales.
La provincia riojana subió al puesto 44 entre 82 jurisdicciones evaluadas, luego de haber ocupado el puesto 83 entre 86 en 2023. En términos de mejora, su puntuación aumentó 27,35 puntos en el índice general, una cifra que evidencia el cambio de percepción por parte del empresariado minero internacional.
Los resultados reflejan una significativa disminución en las preocupaciones de los inversores sobre aspectos regulatorios clave. En comparación con el año anterior, se registró una caída de 75 puntos en la preocupación por la normativa laboral, de 44 puntos por el régimen fiscal y de 40 puntos respecto a los acuerdos socioeconómicos.
Según el informe, La Rioja también escaló a la quinta posición en el ranking de América Latina y el Caribe. Este desempeño se ve influido por el nuevo marco normativo adoptado por la provincia y la mejora en la relación entre el Estado y las compañías mineras, factores clave para revertir la tendencia negativa del año pasado.
El estudio del Instituto Fraser se basa en una encuesta informal dirigida a 2289 ejecutivos de empresas mineras con actividad en exploración, desarrollo y otras tareas relacionadas con el sector. El relevamiento correspondiente a 2024 se realizó entre el 7 de agosto y el 15 de diciembre, y obtuvo 350 respuestas válidas.
Del total de participantes, el 48% ocupa cargos de presidente o vicepresidente, mientras que el 26% corresponde a gerentes o directivos de alto nivel. Las compañías consultadas informaron una inversión global en exploración minera de US$ 6.000 millones durante 2024, lo que da cuenta del volumen de capital que se encuentra en juego en cada decisión de localización.
El año anterior, La Rioja figuraba como la peor jurisdicción del país en materia de políticas públicas aplicadas a la minería y una de las más desfavorables del mundo para recibir inversión, con críticas centradas en el sistema legal provincial y la regulación laboral.
En esa edición, el 100% de los encuestados manifestó preocupación por la regulación del trabajo en La Rioja, mientras que el 88% consideró que el sistema judicial actuaba como un freno directo a las inversiones. Esos indicadores dejaron a la provincia en el puesto 83 sobre 86 posibles.
El viraje en las percepciones se interpreta como un reconocimiento del sector privado a las reformas impulsadas por las autoridades provinciales, que permitieron mejorar el ambiente de negocios en un tiempo relativamente corto. Esta evolución posiciona a La Rioja como un nuevo polo de interés para la minería nacional.
El ranking del Instituto Fraser es considerado una referencia global por los actores del sector, ya que no solo mide el potencial geológico de cada jurisdicción, sino que evalúa el impacto de las decisiones políticas sobre la inversión extranjera directa.
En el caso argentino, los resultados reflejan la dificultad general del país para posicionarse internacionalmente, aunque también marcan el camino que puede seguir una provincia para ganar terreno dentro del mapa minero mundial. La mejora de La Rioja así lo demuestra.
Con este resultado, La Rioja se instala en el radar de los grandes jugadores del sector minero, con perspectivas de atraer nuevas inversiones a partir de un clima político y regulatorio más previsible. Las condiciones están dadas para que el sector privado vuelva a mirar hacia el norte argentino con interés.
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