El Gobierno Nacional crea empresas estatales para gestionar hidroeléctricas de la Patagonia

Las nuevas entidades, denominadas Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A., y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A., operarán bajo la figura jurídica de Sociedades Anónimas. Los accionistas principales serán Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina, con esta última poseyendo una participación minoritaria.

Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas desde sectores de la oposición, quienes temen que este sea un paso hacia una eventual reprivatización de las hidroeléctricas. El diputado Pablo Todero de la Unión por la Patria expresó su preocupación, argumentando que la exclusión de las provincias de Neuquén y Río Negro del accionariado podría facilitar un futuro proceso de privatización.

Actualmente, las represas están bajo la administración de empresas privadas como AES Argentina, Enel, Orazul Energy y Central Puerto, cada una operando una de las cuatro represas mencionadas con capacidades que van desde los 472 MW hasta los 1440 MW de potencia instalada.

El gobierno de Milei ha extendido los plazos de las concesiones originalmente vencidas en 2023, permitiendo a las empresas privadas continuar operando mientras se definían los nuevos términos. La última prórroga establece el vencimiento para agosto, a excepción de Piedra del Águila, cuyo contrato finaliza en diciembre de este año.

La creación de estas empresas estatales representa un cambio significativo en la política energética del país, marcando un retorno parcial al control estatal de recursos estratégicos. Aunque el gobierno ha asegurado que estas medidas buscan garantizar la eficiencia y el acceso equitativo a la energía, la polémica sobre el futuro de las hidroeléctricas continúa siendo un tema de debate nacional.

Este movimiento también se enmarca en el contexto de la aprobación reciente de la Ley Bases, que redefine el rol de las empresas estatales y establece pautas para su posible privatización en el futuro, lo que ha generado incertidumbre entre los actores políticos y económicos respecto a las próximas etapas en la gestión energética del país.

La creación de estas empresas estatales no solo busca asegurar el control gubernamental sobre recursos energéticos clave, sino que también refleja un intento por parte del gobierno de Javier Milei de reafirmar la soberanía nacional sobre estos activos estratégicos. Desde la perspectiva oficial, estas acciones son necesarias para garantizar una gestión eficiente y transparente de las hidroeléctricas, así como para redistribuir los beneficios económicos derivados de la generación de energía eléctrica entre los ciudadanos argentinos.

Sin embargo, las críticas y preocupaciones persisten, especialmente desde sectores que temen un retroceso hacia políticas de privatización que podrían comprometer el acceso público y equitativo a estos recursos. La exclusión inicial de las provincias de Neuquén y Río Negro como accionistas en las nuevas entidades estatales ha sido particularmente controvertida, ya que las regiones productoras argumentan que el control sobre el recurso hídrico debería ser compartido y beneficiar directamente a las comunidades locales.

En este contexto, el futuro de las hidroeléctricas de la Patagonia y su administración seguirá siendo un tema central en el debate político y económico argentino. La transición hacia un modelo de gestión estatal plantea desafíos y oportunidades significativas, no solo en términos de eficiencia operativa y seguridad energética, sino también en cuanto a la capacidad del gobierno para equilibrar intereses regionales, económicos y ambientales en la gestión de estos recursos estratégicos.