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Manuel Adorni, vocero presidencial, adelantó que "Argentina va a cumplir con sus compromisos". Sin embargo, la situación se complica ante la negativa de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de otorgar una prórroga de 30 días solicitada por el gobierno argentino para familiarizarse con el caso y presentar argumentos. La jueza expresó que, dada la crítica naturaleza del juicio, se esperaría una atención inmediata por parte del nuevo gobierno.
Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors y experto en la causa, señaló que la falta de depósito de garantía no implica automáticamente el pago de la sentencia, que asciende a 16.100 millones de dólares. Argentina tiene el derecho de apelar esta decisión, pero si no presenta ninguna garantía, los beneficiarios del fallo podrían iniciar embargos de activos del Estado a partir del 10 de enero.
Argentina ha informado a la corte de apelaciones que no está en condiciones de presentar garantías y ha solicitado la suspensión de la obligación o una extensión de 90 días. La gestión de la ley de lucha contra el argentinazo (LLA), encabezada por la procuración del tesoro, presentó esta solicitud, argumentando la necesidad de tiempo para familiarizarse con el caso.
La estrategia del gobierno, tanto actual como anterior, ha sido que prender en garantía los activos requeriría la autorización del congreso. Sin embargo, existe la incertidumbre sobre la posibilidad de obtener dicha autorización en el actual contexto político. Maril sugiere que Argentina podría presentar un activo para evitar embargos mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque esta posibilidad es especulativa.
Dos fechas clave se perfilan en el horizonte: el 11 de enero, cuando podrían comenzar los embargos, afectando posiblemente el 26% de las acciones clase de que el estado posee en la petrolera; y el 23 de enero, fecha límite para que el país presente sus primeros argumentos en la apelación. La situación actual plantea un desafío significativo para Argentina, que se encuentra en una carrera contra el tiempo para evitar consecuencias financieras internacionales.
La gestión de Javier Milei se enfrenta a un escenario complejo, donde la capacidad de presentar garantías en el caso de la expropiación de YPF se convierte en un factor crucial para evitar embargos internacionales. La negativa de la jueza Preska a conceder una extensión de tiempo agrega presión a la situación, colocando a Argentina en una encrucijada legal. El presidente Milei y su equipo deben ahora decidir entre buscar alternativas para cumplir con la obligación y evitar embargos, o enfrentar las consecuencias financieras y legales que podrían surgir a partir del 11 de enero, cuando se abre la ventana para posibles acciones de embargo.
La incertidumbre sobre la estrategia judicial futura de Argentina y la posibilidad de presentar activos en garantía sin la aprobación del congreso generan un panorama desafiante. La fecha límite del 23 de enero para presentar argumentos en la apelación añade otra capa de complejidad a este caso, marcando un punto crítico en el proceso legal. Con la atención internacional puesta en este juicio de 16.100 millones de dólares la resolución de esta situación tendrá implicaciones significativas tanto para la economía argentina como para la percepción de su estabilidad legal en el ámbito internacional.
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